Por: José Félix Lafaurie Rivera – Presidente Ejecutivo de Fedegán
@jflafaurie
Jose Felix Lafaurie Rivera.Por invitación de “La silla vacía” y la Universidad Javeriana, participé en un debate en el que debíamos defender, si le conviene o no a la democracia otorgarle participación política a las Farc. El procedimiento consistía en hacer cambiar de opinión a 150 invitados ubicados en la sala contigua. Antes de exponer las posiciones se votaba y, al final, se volvía a votar. No ganaba el de mayor votación sino el que lograra, con la fuerza de sus argumentos, modificar la posición inicial del auditorio. El ejercicio, valioso en una democracia, da cuenta que sí es posible construir sociedad, a partir de una pedagogía directa con el ciudadano. Claro está, una cosa es alternar con universitarios y, otra distinta, con vastos sectores de opinión que no responden a los mismos estímulos y a los que la democracia llega por retazos.
Se vive hoy una especie de dictadura por La Paz. Todo aquel que cuestione el proceso de La Habana, es tildado de guerrerista. De enemigo de La Paz. Y se le discrimina y en no pocos casos, se le retalía. Sin embargo, ejercicios como el descrito, dan una luz para mantener la fuerza de los argumentos de cara a la opinión. El debate en la Javeriana no era fácil. Mi contraparte, por el SI, era Antonio Navarro Wolff, un ex militante del M19, que incorporado a la vida civil ha tenido una trayectoria respetable. Sin embargo, los resultados me hacen pensar que no todo está perdido y que el disenso es el motor de toda democracia.
Mi postura, por el NO, estaba soportada en conceptos de democracia, haciendo énfasis en que comporta valores y referentes éticos. No se desprende el individuo de su libertad natural, si del Contrato Social no devienen deberes y derechos fundamentales que todos debemos respetar. Al expresarse la soberanía popular, a través del sufragio libre para elegir no sólo a quienes han de administrar el Contrato (el ejecutivo) sino a quienes deben establecer el marco de entrega de la libertad natural del Contrato Social que demandan los asociados (el legislativo), no puede quedar en aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos. Lo contrario mandaría un mensaje devastador para la construcción de democracia.
¿Cuál sería la lección moral? ¿Que el ejercicio de la política no es el resultado de ganar la representación popular a partir de las ideas, sino de victimizar a la sociedad para después negociar con ella? ¿Vamos a sentar el referente ético de que la violencia y el delito sí pagan y son una estrategia electoral válida? ¿Cómo otorgarle participación política a un guerrillero narcotraficante y negársela a un narcotraficante de cualquier Bacrim? ¿Más aún, el indulto que supone esa prerrogativa, tendría que hacerse extensivo a los militares comprometidos en “falsos positivos” o a los parlamentarios de la “parapolítica” o la “farcpolítica”? Y ¿qué vendrá después? ¿El que tenga más capacidad de generar terror podrá reclamar extorsivamente participación política y, en consecuencia, el siguiente paso será negociar con las Bacrim?
¿Cuáles son los límites de “negociar por Contrato”? Es sin duda el “quid” que debió legitimar previamente esta sociedad en los escenarios de la democracia, para avanzar en los diálogos de La Habana. En esta ocasión la fuerza de los argumentos, logró cambiar la postura inicial del auditorio –de un 77% por el “sí”, es decir a favor de la participación en política de las Farc, contra un 23% por el “no” o en contra–, a un resultado diferente: de 61% por el “sí” y 39% por el “no”. Un 26% cambió de opinión: 39 asistentes. De eso trata el juego de la democracia. Esperemos que cuando el gobierno someta los resultados de La Habana, el disenso logre construir mayorías para avanzar en el respeto por la Ley.
