el Gobernador, Luis Miguel Cotes Habeych y funcionarios del Despacho.Con el fin de dar a conocer las acciones en política social que viene realizando la administración departamental con el acompañamiento de diferentes instituciones, se llevó a cabo en la sala de juntas del palacio Tayrona, el tercer Consejo de Política Social del año 2013, presidido por el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych.
Allí se socializó importante información referente, entre otros temas, a los centros para menores infractores. En este sentido, se señaló el hecho de que el Centro de Reclusión Transitorio será construido en el distrito de Santa Marta, puesto que el inmueble que iba a ser donado por el municipio de Ciénaga, no cumplió la evaluación técnica del ICBF. Para subsanar esto, este centro será realizado en un lote cercano al Terminal de Transportes, propiedad de la Gobernación del Magdalena y se solicitará la respectiva visita técnica del ICBF para su aprobación.
Entre tanto, los menores infractores están siendo atendidos en varios hoteles de Santa Marta, bajo la coordinación del ICBF.
Sobre el Centro de Responsabilidad Especializado para Menores Infractores, se informó que se está trabajando en un lote de 4.5 hectáreas en el municipio de Aracataca. Se espera que este proyecto brinde servicios no sólo al Magdalena, sino al Cesar y La Guajira.
Asimismo, durante el Consejo se indicó que se han reactivado las mesas temáticas y transversales para continuar el trabajo interinstitucional articulado en beneficio de la población magdalenense.
Por su parte, la secretaria de Salud departamental, Zandra Castañeda López, presentó el informe de avance del Plan Decenal de Salud Pública que se realiza, bajo las directrices nacionales del Ministerio de Salud. Este plan se encuentra en etapa de aprestamiento. La funcionaria también ilustró las competencias de la Gobernación y la ruta de acción a seguir en este Plan.
En el Consejo de Política Social también se dio a conocer que avanza el proyecto de construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil CDI, en los municipios de El Retén y Cerro de San Antonio a través de un convenio suscrito entre la administración departamental y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). El costo total es de 2 mil 116 millones de pesos y beneficiará a 95 menores de cada localidad.
En el Consejo de Política Social participaron diferentes instituciones como el ICBF, SENA, la Procuraduría, el Ministerio de Trabajo, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que informó la posible ampliación de la cobertura de Red Unidos. Asimismo, la Registraduría reafirmó su compromiso con las poblaciones del departamento, especialmente en el registro de niños y adolescentes.
Se prevé que para mediados del mes de diciembre se realice el cuarto Consejo de Política Social.
