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Extorsión: El impuesto oculto

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José Félix Lafaurie Rivera -@jflafaurie

En Barranquilla, el presidente del gremio local de comerciantes calificó como alarmante el cierre de 200 locales por la extorsión. En Sincelejo, una ciudad mediana, el alcalde denunció que más de 300 cerraron por esa razón; una tragedia social y económica.

En barrios populares de Bogotá, «El tren de Aragua», especie de «Clan del Golfo» venezolano, obliga a los tenderos a vender droga y licor adulterado, y de ñapa les cobra cuota de seguridad.

En el Valle de Aburrá, del «servicio de seguridad» no se salvan ni los puestos de arepas.

Según el coordinador de la iniciativa de Seguridad y Justicia de Eafit, en Medellín se presentan al año entre 400 a 500 denuncias, pero una encuesta de 2019 arrojó que “la cantidad de hogares y negocios extorsionados es superior a 150.000″.

En Cali, donde el 84% de sus habitantes se siente inseguro, ¡hasta los niños! de barrios populares pagan «peaje» de $1.000 para llegar a sus colegios.

En Buenaventura les cobran a los lancheros y en la vía Santa Marta -Barranquilla es diario el retén amenazante: «o pagas o te daño el carro».

Peaje, servicio de seguridad o impuesto revolucionario, es extorsión pura y dura, un delito que azota al país. Intentaré una breve  caracterización de este caos, a partir de fuentes y estudios especializados.

Primero, es un delito oculto, por el terror que se deriva de la indefensión. Como en Medellín, el subregistro en el país brinca las cifras oficiales, pero la tendencia de la denuncia nos da una idea: 3.523 a corte de abril de 2023, frente a 2.467 en 2022 y a solo 844 en 2012. Si la proporción entre denuncia y realidad fuera la misma de Medellín para todo el país, una regla de tres nos da 1.056.900 extorsionados a abril de 2023.

Segundo, la indefensión se relaciona con la menor acción disuasiva, no solo por la caída del 23,6% en el pie de fuerza entre 2014 y 2023, equivalente a 109.300 efectivos menos, sino por la inoperancia de la justicia y el colapso de las cárceles, donde se ordenan y se hacen extorsiones.

Tercero: Esa menor disuasión facilita el mal de males: la coca. Al inicio de las negociaciones con las Farc teníamos 48.000 hectáreas; hoy las mediciones conservadoras registran 250.000 y otras hasta 300.000 hectáreas.

Cuarto: El negocio del narcotráfico se «desdobla» en más de mil grupúsculos en las ciudades; matones de barrio devenidos en bandas de microtráfico con franquicia de los clanes amos del negocio; de los que son sus ojos, sus oídos y sus tentáculos de violencia.

Y como sí hay quinto malo, aunque hay «gran extorsión», el desdoblamiento opera, con macabra especialización, en los «barrios populares», sobre la economía popular que el gobierno busca recuperar.

Pues bien, liberar a los más pobres del yugo de la extorsión, además de un gran paso en esa dirección, allanaría el camino a la paz total, hoy con el horizonte nublado por una inseguridad insoportable.

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