La 5a sesión del OCAD Caribe se convirtió en una vergüenza Nacional e Internacional, en ese escenario los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, coludidos con la Alcaldesa del municipio de Sampués (Sucre), se concertaron para evitar que el departamento el Magdalena sea la entidad ejecutora del Programa de Alimentación Escolar 2022, que beneficiaría a 141.000 estudiantes del departamento, contrariando expresamente al ordenamiento jurídico colombiano.
Asumiendo la misma conducta de la sesión del 6 de diciembre de 2021, los mandatarios que tienen voto en el OCAD, dirigidos por Héctor Olimpo Espinosa, Gobernador de Sucre, incurrieron nuevamente en el delito de prevaricato al aprobar, esta vez, que sea la Región Administrativa y de Planificación [RAP] y no el departamento del Magdalena la entidad ejecutora del PAE 2022.
El marco normativo colombiano solo admite como responsables de la garantía de la alimentación escolar a los departamentos, municipios y distritos, tal como prescribe la ley 2167 de 2021, art. 2; y la ley 1551 de 2016, art. 6.20, para el caso de los municipios. De otra parte el decreto 1852 de 2015 en su artículo 2.3.10.4.1. señala como actores del programa de alimentación escolar al Ministerio de Educación Nacional, los municipios, los distritos, los departamentos, los establecimientos y sedes educativas oficiales.
En materia presupuestal la ley 1815 de 2016, art. 89 indica que la ejecución de los recursos de alimentación escolar están a cargo de la Nación y las entidades territoriales certificadas en educación. Es decir, en ningún caso se alude ni al ICBF, como torticeramente lo hicieran en diciembre pasado el OCAD, ni a las RAP, como retorcidamente e ilegalmente hace ahora el mismo OCAD.
Como se recordará, el 6 de diciembre de 2021, los Gobernadores, reunidos en el OCAD Región Caribe, aprobaron que el ICBF fuese la entidad ejecutora del PAE para el Magdalena, decisión que por ser contraria a derecho fue rechazada rotundamente por la Directora General del ICBF quien al igual que el Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Magdalena argumentaron que el ICBF, no tenía ni las facultades legales ni la competencia para asumir la ejecución del PAE. Situación que fue previamente advertida por el Gobernador Carlos Caicedo Omar.
El pasado jueves 17 de febrero de 2022 la historia se repitió, en esta ocasión el Gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, nuevamente se atravesó, en un acto mezquino y politiquero, con el fin de evitar que el OCAD garantice el derecho que tiene la Gobernación del Magdalena de ser, como lo ordena la ley, la entidad ejecutora del Programa de Alimentación para los niños del Magdalena y propuso de forma ilegal que fuese la RAP quien ejecute el PAE.
Pese a las advertencias hechas por la Gobernación del Magdalena y la delegada del Ministerio de Hacienda en la sesión del OCAD, en el sentido que la RAP no tiene la facultad legal para ejecutar el PAE, el Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora y la Alcaldesa de Sampués, Saira Vergara, que son quienes toman las decisiones en el OCAD, votaron a favor de la iniciativa del Gobernador de Sucre, con lo cual 141.000 niños magdalenenses, se quedarán sin alimentación escolar en el segundo semestre del 2022.
Conocida la decisión del OCAD Caribe, el Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar, manifestó su rechazo argumentando que se trata de una decisión que expresa el abuso de la posición dominante del Gobernador de Córdoba y la Alcaldesa de Sampués y anunció que en representación del pueblo del Magdalena presentará denuncia penal y queja disciplinaria contra los Gobernadores de Sucre y Córdoba y la alcaldesa de Sampués, toda vez que con su conducta dolosa han incurrido nuevamente el delito de prevaricato por acción; es inadmisible, dijo Caicedo, que por razones políticas y las mezquindad de estos mandatarios, se le niegue a los niños y niñas del departamento del Magdalena, el cuarto más pobre del país, su derecho a la alimentación escolar.
Según Caicedo, lo que hace el Gobernador de Sucre Olimpo es un mandado a clanes mafiosos de la región, que se traduce en un castigo a los niños magdalenenses, vulnerando sus derechos, y convierten al OCAD Caribe en una banda de delincuentes, para lo cual se prestan el Gobernador de Córdoba y la Alcaldesa de Sampués, quienes abusando criminalmente de su poder y con la connivencia de los demás gobernadores y alcaldes, se reparten a sus anchas los recursos de regalías destinados a la región Caribe, y en particular al departamento del Magdalena, sin importarles pasar por encima del Estado de Derecho, en perjuicio de los niños y niñas que lo único que claman del Estado es que se les de los alimentos a que tienen derecho.
