*Administración Departamental ahorrará cerca de 18 mil 200 millones de pesos en pago de pasivos, los cuales podrán ser redireccionados para proyectos de inversión social, bandera de la gobernadora Rosa Cotes.
Un impacto altamente positivo para las finanzas del Magdalena, genera el fallo emitido recientemente por el Consejo de Estado que revocó la decisión en primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de esta jurisdicción, en el año 2002, en el marco del proceso de controversias contractuales promovido por la Comercializadora de Licores del Magdalena S.A. (Colimag), en contra del Departamento y cuya providencia obligaba en ese momento, a la Gobernación, a cancelar una cuantía cercana a los 10 mil millones de pesos, por daños y perjuicios.
Con este fallo, la Administración Departamental se ve obligada a reintegrar la suma de algo más de 27 millones de pesos, correspondientes al pago de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato; contrario a las pretensiones del demandante que exigía el pago de 18.389 millones de pesos, valor equivalente al actual y real en caso de un fallo desfavorable.
“Colimag estaba solicitando que se le diera una indemnización con respecto al contrato que se tenía, que calculado a pesos de hoy equivale a aproximadamente unos 18 mil 300 y tantos millones de pesos, cosa que impactaba negativamente el escenario del acuerdo de reestructuración de pasivos del departamento, porque independientemente de lo que se estuviera adelantando en el proceso, debía ir provisionando los recursos para esta posible contingencia”, afirmó el secretario de Hacienda del Magdalena, Gonzalo Gutiérrez.
“Esto implica que ahora en el proceso de sostenibilidad contable se hace una depuración, respecto a la cifra que se tenía en el acuerdo de reestructuración de pasivos, disminuyendo el valor que se tienen de acreencias de 79 mil 974 millones, a 61 mil 950 millones de pesos, aproximadamente, lo que conlleva a que la administración pueda pagar anticipadamente esas acreencias contempladas en el acuerdo y así disminuir el plazo que inicialmente estaba en el 2021, llegando al 2020 o 2019”, añadió el funcionario.
Antecedentes
En el año 2002, el Tribunal Administrativo del Magdalena, profirió fallo condenatorio en primera instancia en el proceso de controversias contractuales promovido por la Comercializadora de Licores del Magdalena S.A. (Colimag), en el cual condenó a la Industria Licorera del Magdalena al pago de daños y perjuicios a favor del demandante y declaró al Departamento del Magdalena como responsable solidariamente para asumir las obligaciones dispuestas en dicha sentencia.
El proceso fue apelado por la Gobernación del Magdalena, admitido por el Consejo de Estado en el año 2005 y asignado en ese despacho para fallo en diciembre de 2013. Finalmente la sentencia en segunda instancia fue proferida el 31 de mayo de 2016 y notificada al ente territorial el 9 de junio.
“El caso Colimag, se remonta al año 1999 en el que la Gobernación del Magdalena dio por terminado el contrato de comercialización de Ron Caña y sus derivados. Esa terminación unilateral y declaratoria de caducidad, además de hacer efectiva la cláusula penal, fue recurrida en su momento por los comercializadores, Colimag. La gobernación se ratificó y ellos presentaron un proceso judicial en contra de esa decisión, que se denomina de controversia contractual, el cual fue fallado en primera instancia por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena, en el año 2002 y este proceso fue apelado por el gobierno departamental, subiendo al Consejo de Estado” explicó Eduardo Rodríguez, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Magdalena.
La decisión emanada por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, revocó la determinación en primera instancia, favoreciendo a la Administración Departamental, la cual ahorrará cerca de 18 mil 200 millones de pesos, que podrán ser redireccionados para proyectos de inversión social, que apunten al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Magdalena Social es la Vía”.
