José Félix Lafaurie Rivera -@jflafaurie
Empecé a escribir estas líneas lejos del país y antes de producirse el debate que el Senador Cepeda le armó el expresidente y senador Álvaro Uribe. Las terminé una vez concluido ese montaje mediático, con la convicción de estar cumpliendo un deber moral frente a la gravedad de lo que estamos presenciando.
En principio, no se trató de un ‘debate de control político’, que se derive de citaciones del Congreso a funcionarios públicos para responder por sus actuaciones. Tampoco se puede calificar como un ‘debate político’ que responda a la válida confrontación de las ideologías y propuestas de las diferentes colectividades alrededor de los grandes temas nacionales. ¡Cómo extrañamos esos debates en el Congreso!
Esa encerrona –que así se puede calificar- buscaba hacer un ‘juicio político’ a Uribe, a su Gobierno y a lo que representa para la política contemporánea. Allí, Cepeda se erigió como fiscal, pretendiendo probar presuntos delitos del exgobernador y expresidente, y por esa vía lograr su objetivo: la condena política de un gobierno que restableció la esperanza y puso a guerrilleros y paramilitares a merced de la Ley, como obliga en una democracia que respete el Estado de Derecho; un gobierno que se atrevió a confrontar a las Farc como simples criminales, y no como altas partes negociadoras en un proceso de paz que todos los días traicionan con más violencia.
Se adivinaba que a este falso debate y remedo de juicio le faltaría su contracara. Allí no se hablaría de Farc-política ni de la combinación de las formas de lucha, porque el debate mismo hace parte de esa combinación. Es un insumo para esa historia que se está narrando mal en la comisión exigida por las Farc para el esclarecimiento histórico del conflicto a su acomodo. Y su acomodo es la exculpación de todos sus delitos, la total impunidad.
El país debe desentrañar esa realidad que se pretende diluir en la historia de los últimos sesenta años, en la socialización de la culpa –todos somos culpables- y la cínica trasposición de su papel en la violencia. Las Farc lo han dicho sin titubeos: son víctimas de una sociedad injusta y de unas instituciones ilegítimas. Si no se corrige esa senda de distorsión ideológica, además de mal escrita la historia que nos tocó vivir, Uribe y todos aquellos que hemos condenado la violencia narcoterrorista y su legitimación en La Habana, sufriremos el efecto contrario: pasaremos de víctimas a victimarios.
El debate es un paso en ese camino. Ni Cepeda se cree su afirmación de que no es contra Uribe, sino apenas un “debate de control a las autoridades que tienen que actuar frente a eventuales nexos del expresidente con paramilitares y narcotraficantes”. Si no es contra Uribe, ¿por qué vocifera ante los medios exigiendo su presencia para que responda directamente? ¿Por qué la Mesa Directiva del Senado permite que un improcedente juicio político se disfrace como debate de control? ¿Por qué la Comisión Segunda se abroga competencias que no tiene, si los jueces naturales de un presidente son el Senado en pleno y la Corte Suprema de Justicia?
El mismo Cepeda ha destapado su mentira ante los micrófonos, ratificando su objetivo de enjuiciar a Uribe, de acusarlo donde no puede acusarlo, de hacerle un juicio político que no le puede hacer, de deslegitimarlo a él y a su movimiento ante el país a través de los medios, y amojonar por esa vía la insostenible posición de las Farc en la mesa de negociaciones. Una pieza más en esa funesta combinación de todas las formas de lucha.
