Via de la prosperidad11Sitio NuevoLa directora de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Amparo García, reveló que la Gobernación del Magdalena le giró un anticipo de 66.000 millones de pesos al Consorcio Ribera Este, contratista de la Vía de la Prosperidad, haciendo caso omiso a una advertencia que le había hecho la entidad.

En declaraciones a ‘la W Radio’, García dijo que el pasado 12 de septiembre le advirtió al gobernador Luis Miguel Cotes abstenerse de realizar cualquier actuación con estos recursos, dado el pronunciamiento de la Procuraduría y el Ministerio de Transporte sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato.

La funcionaria explicó que el DNP no ejecuta ni gira recursos del Sistema General de Regalías a las entidades territoriales, sino el Ministerio de Hacienda, y que su función es monitorear la inversión de estos recursos.

El proyecto de la Vía de la Prosperidad tiene un costo de 466.000 millones de pesos, de los cuales 200.000 millones son financiados con regalías del departamento. El Ministerio de Hacienda le desembolsó a la Gobernación 115.000 millones de pesos, el 25 de enero y el 15 de agosto del año pasado.

Con respecto a las declaraciones de prensa entregadas por García, el gobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes Habeych, se permite hacer las siguientes precisiones que desvirtúan las denuncias en su contra.

 

1-    Que es absolutamente falso que la Gobernación del Magdalena haya girado recursos al contratista Ribera Este, luego de que la Corte Constitucional, como medida cautelar, suspendiera la ejecución del contrato. La fiducia le giró recursos al consorcio Rivera Este, el 3 de enero de 2014 y la notificación por parte de la Corte suspendiendo la ejecución del contrato fue 15 días después, o sea, el 17 de enero del presente año.


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 2-    No es cierto que la administración haya desatendido alguna comunicación u oficio por parte de la Dirección Nacional de Planeación en el sentido de abstenerse de girar recursos relacionados con esta misma licitación.  Tenemos en nuestro poder una comunicación de Planeación Nacional de fecha 12 de septiembre de 2013, que señala que “Con ocasión de la adjudicación de la licitación pública número LPDM 07 de 2012 adelantada por ese Departamento y el perfeccionamiento del contrato para la ejecución del proyecto del asunto, trámite que se encuentra suspendido temporalmente con ocasión de la tutela interpuesta por Invias y fallo proferido el 13 de agosto de 2013 por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá se precisa lo siguiente:  Adelantar las acciones administrativas necesarias para la salvaguarda de los ya girados recursos por dicho ministerio o sea del ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la ejecución del citado proyecto evitando hacer desembolsos de los mismos hasta contar con la definición legal del proceso contractual”

 

3-    Que el gobernador se abstuvo de firmar en ese momento el contrato con el Consorcio Ribera Este y se esperó hasta que  que el Tribunal Superior de Bogotá días después se pronunciara al respecto, como en efecto lo hizo, revocando la sentencia de primera instancia y dándole la posibilidad al departamento de firmar el contrato con el contratista y de iniciar el proceso de ejecución del mismo.

 

4-    Que mientras estuvo vigente el amparo tutelar concedido por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá no se giró un solo centavo por parte del departamento al contratista, o sea que es falso que desatendimos la comunicación por parte de Planeación Nacional.

 

5-    Que los recursos que se giraron al contratista, corresponden evidentemente a un compromiso contractual del Departamento del Magdalena, y sólo se cumplió cuando el impase legal que impedía la continuidad en la ejecución del contrato, fue superado mediante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin efectos la protección tutelar otorgada al Invías. Y en el mismo sentido, producto de esta decisión del mencionado tribunal, el propio Invías llevó a cabo el proceso licitatorio orientado a la contratación de la interventoría, producto de esto dicho contrato efectivamente se firmó y se mantiene vigente, lo cual constituye una muestra inequívoca de que las talanqueras de tipo legal o judicial referentes a la ejecución del contrato habían sido superadas por mérito de decisiones judiciales. Es importante dejar claro que los recursos los maneja el contratista en una fiducia y que los mismos igualmente sólo se podrán gastar con cargo a la ejecución de un contrato que hoy se mantiene paralizado por decisión de la Honorable Corte Constitucional dentro del proceso de revisión de la tutela mencionada, en el contexto de una medida cautelar

 

6-     Que para efecto de la recomendación que nos hacen en el sentido de tomar las actuaciones administrativas para salvaguardar los recursos públicos del departamento, se exigió una póliza de garantía que entre otros de los amparos, contemplaba la devolución del 100% del pago anticipado y en el evento de que el contratista llegare a incumplir esa situación extrema abarcaba que se le devolviera al departamento el 100% de los recursos, o sea, que no estamos poniendo en juego ni en riesgo los recursos de los magdalenenses y de los colombianos. Antes por el contrario, siempre hemos actuado en beneficio de la comunidad y salvaguardando los recursos públicos y, la posibilidad de que la obra se lleve a cabo en felices términos en beneficio de los magdalenenses.

 

7-    Que la póliza de garantía fue aprobada por parte del Departamento el 22 de octubre del año anterior y sólo hasta el 30 de diciembre de 2013 se autorizó a la fiducia hacerle el correspondiente pago anticipado al consorcio ganador; la fiducia el 2 de enero de 2014 fue cuando procedió a girarle.

 

8-    Que es importante resaltar que este pago anticipado que se le hizo al Consorcio Ribera Este corresponde al 15% del valor total de la obra a ejecutar en el departamento, el cualestaba previsto desde los prepliegos de la licitación y que de no hacerse generarían para el departamento la carga de reajustes, que sobre ese valor, podía generar más de 4 mil millones de pesos de más para el proyecto, lo que sí hubiera ocasionado un eventual detrimento al erario.

 

9-    Que en virtud de lo anterior le corresponderá al Gobernador instaurar la denuncia penal contra quienes han injuriado y calumniado este proceso, que el único beneficio que busca es una obra que esperan los magdalenenses hace 50 años y que hay unos poquitos interesados en que se vaya al traste.

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