Edgar PoloPor Edgar Polo*
El gobierno nacional acaba de expedir la resolución 531 de este año que prohíbe la construcción de hoteles dentro de las áreas definidas como Parque Nacional Natural. De esta manera niega la posibilidad de que Colombia entre al mapa de las nuevas corrientes de turismo en el mundo y cierra, de paso, posibilidades de fuentes de empleo calificado, inversión y desarrollo con una actividad económica perfectamente definida dentro de los criterios del Desarrollo Sostenible.
Para entender mejor el tema debemos diferenciar el turismo de naturaleza, de las otras categorías y dentro de este, que representan el eco turismo y el turismo ambiental propiamente dicho. Mientras que el primero propende por minimizar los impactos negativos para el medio ambiente y la comunidad, el segundo exige: responsabilidad ambiental, social y económica y preservación total de la naturaleza como fuente de vida. Para el efecto ejerce un código de estricta observancia que incluye: arquitectura invisible, y uso de materiales biodegradables exclusivamente; tratamiento de aguas residuales, prohibición de plásticos, latas y una serie de exigentes prácticas que conducen a la verdadera preservación del medio ambiente. Esta tendencia de la actividad turística está probada y certificada en el mundo por los resultados en lo respecta a la conservación y además, porque genera importantes corrientes de inversión que conduce al crecimiento y desarrollo económico.
La política del gobierno, en este aspecto, es bien intencionada pero adolece de pragmatismo como quiera que sin disponer de los recursos fiscales necesarios para lograr el objetivo, termina en un catálogo de buenas intenciones y nada más. La conservación de los recursos naturales y dentro de estos, los parques nacionales naturales, exige cuantiosos recursos económicos para su vigilancia y control, reforestación y recuperación de las fuentes hídricas, cuidado de la flora y fauna con énfasis en aquellas en vía de extinción. Esto no se está haciendo en el país, una prueba de ello es que el gobierno ha tenido que concesionar parques a terceros quienes son los que se lucran del recurso natural sin ninguna exigencia sobre conservación y además con la prebenda del cobro de peajes de acceso, no obstante que la propiedad no es exclusiva del estado en una figura que legalmente es discutible.
De buenas intenciones está lleno el infierno, dice el refranero. El tema ambiental cobra cada día más preponderancia, afortunadamente, y cada vez más las comunidades toman conciencia de sus bondades. Diariamente observamos la labor callada de instituciones como Green Pace y otras organizaciones no gubernamentales, ONG, que desarrollan labor para la preservación del medio ambiente con vocación y apostolado. Dedicar esfuerzos, recursos, trabajo, vidas en pos de un ideal es loable desde todo punto de vista. Otro es el caso de personas que convencidas de las bondades del tema, exacerban al extremo convirtiéndolo en fundamentalismo, lamentablemente. Esto sucede con la religión, con la política, con el género y naturalmente con un tema tan sensible como la ecología.
Plantear una política de parques en los términos de la resolución expedida por las autoridades ambientales, sin un plan maestro que incluya los recursos fiscales necesarios para la inversión, conservación, mantenimiento y vigilancia y control en lo que toca a los parques nacionales es aventurado y raya en fundamentalismo. Una política sin los recursos necesarios será un canto a la bandera y los parques continuaran siendo tierra de nadie y escenario de actividades ilegales que acentúan el designio de su extinción.
La alternativa, es apelar al sector privado para que disponga de los recursos necesarios para el desarrollo del turismo de ambiente, tal como se hace en mucha partes del mundo con probada eficiencia y excelentes resultados de todo orden. Esto ya está inventado.
