El personero distrital, Chaddan Rosado, presenta las deficiencias en el servicio para los estudiantes.Al término de la sesión de la comisión quinta de la Duma departamental, los diputados del Magdalena exigieron del ICBF, la cancelación unilateralmente del contrato con Asoalimentarse.
La determinación fue tomada por la comisión ante las denuncias expuestas por padres de familia, docentes y rectores con relación a presuntas irregularidades y mala prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el departamento y como conclusión del detallado informe presentado por el personero distrital, Chadán Rosado, que mostró lo que viene sucediendo en Santa Marta
Igualmente, los diputados Oscar Andrade, quien con documentos entregados por los rectores de los colegios de varios municipios del Magdalena demostró que los alimentos se vienen suministrando en precarias condiciones, de mala calidad y en cantidad insuficiente.
Por otra parte el diputado, Álvaro Orozco Gómez, señaló que la misma problemática que se registra en los colegios del Santa Marta, se presenta también en las instituciones educativas de la mayoría de los municipios, donde se está atentado contra la salud de los niños puesto que se ofrece una cantidad de alimentos insuficientes para atender la demanda y los mismos no llegan a los niños en perfecto estado de salubridad y nutrición, lo que puede acarrear serios quebrantos de salud.
En su intervención el diputado Alex Velásquez aseguró que la cantidad de irregularidades en la 
El diputado Oscar Andrade, presenta ante el ICBF las denuncias hechas por rectores de las IED.operación del PAE por parte de Asoalimentarse es palpable, por ello no entiende en que se fundamenta el director del ICBF para defender la actuación de este contratista y por el contrario le solicitó que pida la caducidad del contrato por el incumplimiento en su operación.
«Es necesario que se cancele de manera inmediata e unilateral el contrato, por la cantidad de situaciones y problemas que ha registrado en la prestación de servicio, lo cual inclusive está causando un detrimento patrimonial al estado, porque este operador cobra hasta por días que no se les brinda la alimentación a los estudiantes», afirmó.
El diputado señaló que sobre estas anomalías se compulsará copias a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, ya que ha sido ineficiente la vigilancia y supervisión que le compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para hacer cumplir la ejecución del contrato que asciende a los 20 mil millones de pesos.
«Lo mismo que se denunció en Santa Marta se replica en muchos municipios, y tenemos pruebas y soporte de las irregularidades por parte de Asoalimentarse y de las cuales ha sido pasivo y permisivo el ICBF», aseguró.
Los asistentes a esta sesión cómo el concejal de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, el personero distrital, Chadán Rosado y los integrantes de la comisión quinta de la asamblea departamental, se mostraron extrañados por la manera vehemente como los funcionarios del ICBF defendieron al contratista, el cual, no se hizo presente pese a estar invitado con la debida anticipación.
