Jose Felix Lafaurie RiveraPor: José Félix Lafaurie Rivera – Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
@jflafaurie
La cirugía extrema que proponen las FARC para las Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) es absurda. Equiparar su estatus a los Resguardos Indígenas y los Consejos Territoriales de las comunidades negras, significa crear gigantescos enclaves impenetrables, en adelante, para el Estado de Derecho legítimamente constituido.
Una especie de “paraestado”, con privilegios y protecciones excepcionales, para implantar su modelo de desarrollo rural retardatario, adoctrinar políticamente a los campesinos y establecer cabezas de playa, en áreas estratégicas del país rural para su accionar delictivo. Un despropósito, que lejos de generar riqueza y bienestar, conculca los derechos de los campesinos, quiebra el tejido social, desvirtúa la naturaleza actual de las ZRC y traspasa las políticas positivas por “etnia” y “raza”.
La dura reacción de las FARC sobre la posición del Ministro de Agricultura y por supuesto la que de tiempo atrás he venido sosteniendo, sobre la inconveniencia de las ZRC, no se hizo esperar. No es un tema de poca monta. Se puede constituir en el punto de quiebre de la negociación. Ha sido una pretensión de las FARC, que nació con las viejas ligas agrarias de los años 20 promovida por el Partido Comunista y sigue haciendo parte de su lógica de control territorial, que no está dispuesta a abandonar. Al “dejar las armas” necesitarán zonas homogéneas para su acción política y subversiva. El país no puede permitir que se institucionalice una inmensa colcha de retazos, con una visión jurídica descabellada.
Serían 17 millones de hectáreas de “territorios colectivos”: 6 millones de resguardos, comunidades “afros” y las 6 ZRC existentes, cuyos derechos han sido legalmente reconocidos. A ellas se sumaría 11.5 millones de hectáreas, provenientes del “fondo de tierras” y de las que usurparon, en donde se establecería las Zonas de Reserva Campesina “repotencializadas”. Tierras del Catatumbo, el Lozada- Guayabero, las cuencas de los ríos Güejar y Cafre en San Juan de Sumapaz, los Montes de María, el Cesar, Arauca y la zona del Ariari. En total, el 33% del universo agropecuario, en donde las instituciones cívicas, militares y judiciales no podrían hacer presencia.
No se trata de hacer oposición a las políticas con enfoque diferencial para poblaciones que, como los indígenas, afrodescendientes y campesinos, requieren una atención preferente. Pero, una cosa fue lo que estableció la Ley 160 del 94, para fomentar la economía campesina, dando apoyo y encadenamiento productivo y otra, muy diferente, la actual propuesta de las FARC. La pretendida autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental, cultural y de justicia, sólo busca crear “Marquetalias” por todo el país con autogobierno, autogestión y autodeterminación.
Tremendo caldo de cultivo para encender más la hoguera del conflicto, que en nada solucionaría el problema de atraso y pobreza rural. Y, muy diciente, del empeño de las FARC por mantener a sangre y fuego el adoctrinamiento ideológico y el control poblacional y territorial. No es un secreto que la guerrilla ha hecho todo tipo de esfuerzos, para levantar la institucionalidad que llegó con las “zonas de consolidación” y la política de seguridad democrática, para perpetuar su statu quo de violencia, narcotráfico y terrorismo de los últimos 50 años, a costa de la vida y el desarrollo en la ruralidad. No en vano su propuesta se teje sobre zonas en donde históricamente han hecho presencia.
La visión separatista y segregacionista de las FARC no tiene cabida en pleno siglo XXI. El auténtico campesino sólo necesita que el campo sea objeto de una verdadera política pública de desarrollo rural estable, desde un Estado de Derecho legítimo y eficaz. Requiere que la institucionalidad avance al ritmo de las demandas históricamente aplazadas, en términos de bienes públicos, seguridad, justicia, infraestructura productiva, mercados y mecanismos financieros. Son los únicos derroteros ciertos, para sacar al campesinado del atraso, agravado entre otros, por la violencia guerrillera que ahora, sínicamente pretende resolver sus problemas, usándolos como trampolín político en La Habana.
