Jamás nos había tocado ser testigos de las cosas que vienen sucediendo al interior del recinto del ‘honorable Concejo’; es aberrante que un puñado de personas, escogidas por el pueblo para ser sus representantes, hayan convertido el sagrado recinto edilicio, en algo peor que una plaza de verduleras. Esto, no tiene explicación alguna, pues las verduleras son personas de escaso nivel intelectual y con casi ninguna preparación académica; pero los escogidos por el elector primario, para que coadministren el Distrito samario, se supone, que tienen un alto nivel intelectual y suponemos que los 18 son individuos preparados, porque conocemos que existen abogados, médicos, ingenieros, administradores, comunicadores sociales – periodistas, es decir que son personas que han pasado por la academia.
Pero, parece que los apetitos personales, no sabemos con qué intención, han pisoteado la Constitución Nacional que en su artículo 40 indica:“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”. Para hacer efectivo este derecho, la Carta Magna señala: “Elegir y ser elegido, Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse”.
Pero esto no ha sido todo lo acontecido durante las ‘batallas’ para elegir la futura mesa directiva, sino que una minoría, valiéndose de una mala interpretación de la Ley de Bancadas, ha cercenado el sagrado derecho a votar, violando flagrantemente el derecho fundamental del Estado colombiano de elegir y ser elegido y el cual, está consignado de la siguiente manera: “El voto es un mecanismo de participación ciudadana que el pueblo de una nación puede utilizar para ejercer el derecho al sufragio.
El voto es, ante todo, un acto personal y de voluntad política; además, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos.
El voto puede tener diferentes variantes. Puede ser: Público, Verbal, Secreto, Escrito ó Gestual (se realiza por medio de un ademán o poniéndose de pie) y la verdad que durante las reyertas escenificadas en el sagrado recinto del Concejo distrital durante la elección de presidente, se asaltó esta elemental norma, consagrada en nuestras leyes. Aquí en el proceso eleccionario, la presidencia recurrió a la Ley de “El Voto Fantasma’ también conocida como la “Ley del Voto Ausente” ó “Voto de la invisibilidad”.
Además de todo este atropello, se ha venido atentando contra la comunidad samaria, sobretodo aquella que no goza de oportunidades de empleo pues en la comisión segunda, con ponencia negativa, se dio un paso atrás en la construcción del “Sistema Masivo de Transporte de Santa Marta” por dos indolentes y faltos de personalidad, pues en la anterior vigencia, habían dado su aprobación. Valga las preguntas; ¿A quién obedecen? ¿Qué buscan con causar tanto perjuicio a la comunidad negándole el derecho a progresar? Pues, al negar el TUS, le dijeron a los samarios que ellos tres estaban en contra de que los más necesitados, tuvieran la oportunidad de desarrollar un trabajo, que le permita solventar la afligida situación económica de su familia y por otra parte le niegan a samarios y visitantes de disponer de un rápido, cómodo y moderno sistema de transporte que tanta falta le hace a la ciudad.
Definitivamente, Santa Marta, no se merece esto!.
