José Félix Lafaurie Rivera -@jflafaurie
El abandono del campo es un grave lugar común en época electoral, porque ahí viven 12 millones de colombianos, pero en las promesas de los candidatos apenas se menciona, porque en las ciudades viven los otros 38 millones, y ahí están los votos.
Quien no olvida el campo es el candidato del progresismo comunista, dedicado a sembrar el odio a partir del falso discurso de la tierra como causa de todos los males.
“Esta tierra tiene que ser de la gente” le gritaba a su “pueblo negro” en Cartagena, mientras apoya la pretensión indígena de “la recuperación de la madre tierra” a punta de invasiones, con el argumento espurio de la expropiación conquistadora ¡hace 500 años!
Ya amenazó con reforma agraria basada en más impuestos a la tierra que no produce; lo malo es que, para Petro, la producción ganadera de carne y leche no es producción, y en su obsesión por cerrar la economía, los monocultivos exportadores, como caña y palma, deben reemplazarse para producir alimentos para el mercado local y sustituir importaciones.
Así está en peligro el derecho a la legítima propiedad de la tierra, no solo por el riesgo de Petro, sino por los compromisos del Acuerdo Santos – Farc:
El fondo de 3 millones de hectáreas para entrega gratuita no debería tocar la tierra legalmente adquirida, sin antes recuperar los baldíos de la Nación, hacer efectiva la extinción de dominio al narcotráfico y exigirles a las Farc la devolución de las tierras despojadas.
La Ley 1448 de 2011 no puede convertirse, como hoy sucede, en mecanismo de expropiación al servicio de falsas víctimas, contra terceros compradores de buena fe.
La jurisdicción agraria, es un embeleco de burocracia judicial innecesaria y costosa, en tanto que la adhesión al Acuerdo de Escazú entrega soberanía judicial a instancias internacionales que, bajo el disfraz ecológico, decidirán sobre la propiedad de la tierra.
En medio de esa falsa discusión sobre la tierra, al campo le falta de todo, pero un candidato serio debería comprometerse, cuando menos, con cuatro “disparadores” del desarrollo rural.
La revolución de las vías terciarias, para acercar el campo a los mercados y porque el aislamiento es caldo de cultivo del narcotráfico y la violencia; una política de asociatividad, para que los pequeños productores unidos puedan enfrentarse a los mercados; una política de agua y energía para la producción rural, para construir distritos de riego y tener un sistema diferencial de tarifas de energía; y una política de crédito y microcrédito campesino, porque el capital es tan importante como la tierra para la producción rural.
Para el campo hay dos caminos: el odio, la lucha de clases y la destrucción del aparato productivo rural; o el reconocimiento de su importancia con políticas incluyentes y ancladas en la libertad. Con o sin olvido, esos caminos se enfrentarán en las urnas.
