Luís Alonso Colmenares Rodríguez –@LcolmenaresR
El decreto 219 de 2004 estableció que el objeto de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) es la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo público que propendan a la transformación del Estado y el ciudadano.
Pero, a partir de mi doble condición de docente y egresado, observo que el panorama de la ESAP no es promisorio si continúa por el camino de las contraprestaciones politiqueras; porque no hay duda que viene siendo capturada por los congresistas voraces que solo miran sus intereses politiqueros, y no les interesa acabar con cualquier entidad pública hasta dejarla en vía de extinción. Son unos parásitos chupasangre que acaban con todo lo que se les atraviese.
Sin embargo, a pesar de las circunstancias, todavía puede ser oportuno para reflexionar acerca de la misión institucional de la ESAP, y de la necesidad de su rediseño, para que responda a las demandas del aparato gubernamental en general, de la sociedad, y de la administración pública, tanto a nivel de las entidades nacionales como de las entidades territoriales.
Que la escuela asuma de manera efectiva, y con resultados inmediatos, el desarrollo del talento humano en todos los órdenes y niveles del Estado, así como el fortalecimiento y desarrollo institucional, a partir de políticas, planes, programas y proyectos de formación y cualificación de la alta dirigencia gubernamental y la gerencia pública, conforme se lo han ordenado las leyes 489 y 617; la ley 909 sobre carrera administrativa y la ley 1551 en lo relacionado con la asistencia técnica sobre diseño y desarrollo institucional a los municipios.
¿Qué pasó con la capacidad de la ESAP para desarrollar el acompañamiento a las entidades y organismos de la administración estatal en los asuntos relacionados con la transformación organizacional, mejoramiento continuo, seguimiento y evaluación de políticas públicas, y la innovación tecnológica de la estructura del Estado?
Se encerraron en el Centro Administrativo Nacional y desde ahí pretenden materializar los criterios de descentralización que en otros tiempos promovieron con tanto esfuerzo y dedicación.
El fortalecimiento institucional de todas las entidades públicas, en especial en el nivel territorial, se constituye en una premisa fundamental para su desarrollo, pero la ESAP frente a esta necesidad ha sido una invitada de piedra, que lo poco que hace son unos manualitos elaborados por pasantes o profesionales recién egresados que no tienen el mayor conocimiento que exige tan importante reto, como lo han destacado la OCDE y los organismos multilaterales como el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Desarrollo, entre otras.
Estoy convencido que debe haber una ley que obligue a toda persona aspirante a ocupar un cargo público de cualquier nivel o naturaleza para que, antes de posesionarse, cumpla un número mínimo de horas de capacitación en la ESAP.
No se acepta que alguna persona vinculada de cualquier forma a las entidades públicas ni siquiera comprenda la estructura del Estado. ¡No puede ser! Pero hay mas de un congresista que no lo sabe. Y ni qué decir de los diputados, concejales y ediles: juran que son legisladores.
Hay que rediseñar a la ESAP, empezando por alejarla de la repartija burocrática, con personas de suficiente capacidad para dirigirla y que la lleve de nuevo a su origen, es decir, la formación, investigación, capacitación, acompañamiento institucional, y el alto gobierno.
Es necesario que la escuela sea dotada de manera urgente de un diseño vigoroso en su direccionamiento estratégico, relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas, en sus procesos, estructura administrativa, y capacidad operativa para ejecutar las políticas.
Pero nada se podrá lograr con la actual forma de vincular a los directivos nacionales y regionales salidos de las clientelas politiqueras. Una institución académica requiere estar por fuera de la milimetría burocrática, donde el mérito y la formación filosófica, científica y técnica sean una condición.
