José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
Aunque pasó desapercibida en medio de la campaña electoral, El Tiempo publicó una entrevista a Luis Carlos Villegas, quien, sin solución de continuidad, pasó de ser presidente de la ANDI a negociador de paz y embajador en Washington. Con la misma velocidad, acomodó su posición sobre las condiciones de una negociación con las Farc.
En 2010, como presidente de la ANDI y del Consejo Gremial Nacional, en un homenaje al saliente presidente Uribe, no dudaba en afirmar que “…será la hora de cerrar definitivamente el capítulo de la violencia. Sin concesiones distintas a las que otorga la Constitución. Sin despejes distintos a los del cese unilateral de la amenaza contra los colombianos”.
Dos años después, estas verticales posiciones se ablandaron para hacer parte de un proceso que, de entrada, se olvidó del tal cese unilateral como condición, y en representación de los empresarios, se olvidó también de la mitad agropecuaria del país y se allanó a que se negociara el desarrollo rural. Siempre me he preguntado cuál habría sido su posición si las Farc hubieran exigido negociar el desarrollo industrial, o si comparte realmente con el Gobierno que el desarrollo rural no hace parte integral del modelo de desarrollo, es decir, que la producción agropecuaria y la economía rural no son parte importante del desarrollo nacional y se pueden poner sobre la mesa sin reparos para comprar el silencio de las armas narcoterroristas.
Ahora, desde la embajada, afirma que “Las Farc deben escoger si quieren seguir vinculadas al crimen organizado o si se desarman y se convierten en un partido político (…) Sin resolver este tema no habrá acuerdo”. Es insólito que el embajador ante nuestro aliado en la política antinarcóticos reconozca que el Gobierno la está negociando con un grupo que aún no resuelve si continúa vinculado al crimen organizado del narcotráfico, así adopte ese tono emplazatorio y enérgico que, definitivamente, ya no es el de sus épocas de negociador en La Habana.
Sin resolver el tema de la condición narcotraficante de las Farc, no solo no podría haber acuerdo, sino que la discusión ni siquiera debió iniciarse sin la entrega previa de plantaciones, laboratorios, rutas, condenados y cómplices. Pero nada de eso ha sucedido, a pesar de las sentencias de la justicia colombiana, las circulares rojas de Interpol y las millonarias recompensas de Estados Unidos, las Farc insisten con cinismo en que no son narcotraficantes y, para poder sentarse a la mesa, el Gobierno se hace el que les cree. Por lo menos es lo que se desprende del comunicado donde afirman que “Tanto el Presidente de la República, como sus plenipotenciarios en la mesa han afirmado que la guerrilla de las Farc no es una organización narcotraficante y que por eso están dialogando con ella”.
La verdad es otra. El Gobierno se debate entre sus compromisos con Estados Unidos en la lucha antidrogas y los que negocia con el cartel de las Farc. Por eso el lenguaje ambivalente del embajador, contundente al afirmar que Colombia no renunciará a los instrumentos contra el narcotráfico, incluidas la fumigación y la extradición, mientras deja colar la insinuación de que, de firmarse un acuerdo, la extradición sería “el principal instrumento de prevención de no reincidencia en el narcotráfico para las Farc”. Es decir, se dejaría como garantía de no repetición hacia delante. Hacia atrás, las Farc le apuestan a la impunidad total, el Fiscal al trabajo social, los Estados Unidos al apoyo en micrófonos y extradición en sus estrados judiciales. ¿Y el Gobierno?: Pues a la reelección a toda costa. Ya verán las declaraciones de este viernes al cierre de la ronda, vísperas de elecciones.
