Por: José Félix Lafaurie Rivera *@jflafaurie>
El discurso del Presidente Santos en pro de las negociaciones de La Habana –no de la paz– en el desolado auditorio de Naciones Unidas, fue reiterativo, a veces contradictorio y definitivamente inútil. El objetivo: descolgar el sambenito de las prohibiciones de la Corte Penal Internacional, para poder indultar narcoterroristas. En él entre tanto, Timochencko se encargó de pagar el favor poniendo una bomba de tiempo al proceso de paz, extorsionando al Gobierno con publicar todas las conversaciones que tienen ‘reserva’. Presidente, mal paga el diablo a quien bien sirve.
No podía ser diferente. Ha sido la constante en acercamientos con esa guerrilla. Siempre lo he dicho: a las Farc hay que creerles. Si alguien dudaba sobre sus pretensiones de impunidad para crímenes de guerra y lesa humanidad, ahí tienen la confirmación. Las Farc no aprueban el Marco Jurídico para la Paz ni el Referendo Constitucional. Necesitan una Asamblea Constituyente para que los máximos responsables de graves violaciones al DIH, puedan hacer política y blindarse a futuro. Ahora se vienen con la amenaza de revelar episodios de los diálogos, los mismos que explican por qué Santos se convirtió en su rehén y, de paso, hacen saltar por los aires los ruegos de la alocución presidencial en la ONU.
Dijo Santos: “no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra…”. Pero a renglón seguido sostuvo que “no podemos investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables…”. Especialmente, digo yo, si esos responsables son los mismos que quieren hacer política. Es la razón y no otra, para que el Presidente renegara, contra toda lógica jurídica y ética, del intervencionismo de la justicia internacional –léase Corte Penal Internacional y Estatuto de Roma– y para que un tema interno fuera llevado a esa instancia internacional. Pero no hubo compromisos, como no podía haberlos. ¿Cómo pretende el Gobierno indultar las condenas por crímenes de competencia de la CPI que hoy pesan sobre 218 miembros de las Farc, incluidos “Timochencko”, “Iván Márquez” o “Pablo Catatumbo”?
Pero como si no fueran suficientes las ambivalencias discursivas del Presidente, sumó otros dos ingredientes: uno, el reconocimiento oficial del escaso avance en la agenda, cuando un año atrás había prometido en este mismo recinto, traer “buenas nuevas” de su gestión. Hoy, sólo un punto de los seis ha pasado por la mesa, obviando las gravosas “salvedades” del tema agrario. Y, dos, el osado ultimátum a las Farc en ese connotado escenario internacional. El punta pie final para la ira de “Timo”.
Me gustaría saber cuál es la “estrategia realista de Justicia Transicional”, para salir de la encrucijada que le plantean Farc, Corte Penal Internacional, Corte Constitucional, víctimas y sociedad colombiana. Que sepa, nadie se opone a que una vez condenados exista una pena menor alternativa. Pero también es claro, que la Constitución y la CPI no permiten elegir a quienes tengan condenas. Por tanto, la respuesta no estará en llamar a la “cordura” a las Farc como hizo el jefe negociador, Humberto de la Calle, para que mantenga la “confidencialidad” y la ética. A fin de cuentas las Farc carecen de tales virtudes. Pero, tampoco podrá estar en el “canje” de “Justicia Transicional” por “Justicia Restaurativa”. El cinismo de las Farc de escudarse en un informe generalizado de una Comisión de Revisión del Conflicto, es el antecedente del escapismo a la Verdad Histórica. Las últimas amenazas al Gobierno, sólo darían pie a una salida: acabar con el circo de La Habana y volver a meter en cintura a las Farc. El retorno a ese tiempo, sí apremia para todos los colombianos.
