José Félix Lafaurie Rivera -@jflafaurie
En Cauca, donde se acaba de firmar un Acuerdo entre el Gobierno y el tal Estado Mayor Central de las Farc, la violencia contra las comunidades y el fuego entre grupos ilegales no cesa, como en Chocó, Nariño, Catatumbo, Arauca y donde quiera que la coca se expande, destruyendo, corrompiendo y afectando a las ciudades, por cuenta de las bandas del microtráfico, que mostraron su poder en el ataque terrorista disfrazado de estallido social y “movilización ciudadana”.
En marzo, la “movilización campesina” en Los Pozos, Caquetá, con alerta temprana de Procuraduría y Defensoría sobre infiltración de las disidencias, terminó con un campesino asesinado, un policía degollado y 70 más en “cerco humanitario”; las instalaciones de una petrolera destruidas y el retiro de la empresa, con pérdida de empleos y regalías. ¿Quién ganó?, el grupo ilegal, que fortaleció su control sobre una población empobrecida.
“El palo no está para cucharas”; de ahí mis reparos a la combinación explosiva del proyecto de decreto que reglamenta la extinción administrativa del dominio, primero, y el que, desde el primer artículo, hace un “Llamado a la movilización y organización campesina” para la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.
Ahora bien, mi intención no es controvertir, sino advertir, porque el buen aliado no es el que aplaude, sino el que advierte los problemas y confronta con argumentos y respeto a la diferencia para superar el disenso.
Hecha esta salvedad, me surgen las preguntas: ¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender la reforma agraria, si nadie la está atacando, y si la reforma agraria INTEGRAL es responsabilidad del gobierno mismo?
¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender el acceso a la tierra, cuando ha ofrecido comprar la necesaria para entregarla a los campesinos y, para ello, firmó un Acuerdo con Fedegán, que hemos cumplido, el cual disparó las ofertas voluntarias de venta, que hoy sobrepasan el millón y medio de hectáreas, de las cuales más de 700 mil están listas para compra, además de cerca de 500 mil que la justicia les ha quitado a los delincuentes y están en poder de la SAE?
Al 30 de agosto, entre el Clan del Golfo, el ELN, el EMC y otras disidencias, tuvieron 80 confrontaciones y cometieron cerca de 1.200 acciones delictivas; entonces, si la situación de orden público es tan crítica, en un año de elecciones regionales, ¿tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización campesina, a sabiendas de los riesgos de su instrumentalización violenta por grupos ilegales con control territorial en más de 300 municipios?
Sin menoscabo del derecho a la movilización pacífica, promoverla desde el Gobierno no es buena idea; el Estado está para garantizar derechos, no para promover movilizaciones. El Gobierno no debe olvidar que es responsable del orden público… y el “palo no está para cucharas”.
