El país rural se puso en alerta por el proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”, al cual reaccionó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, cuestionando la medida e invitando a la solidaridad ganadera frente a los eventuales riesgos de la movilización.
“Advertir no es provocar”, señaló el dirigente gremial. No cuestionamos el derecho del campesino a movilizarse, pero el país conoce en qué puede terminar la movilización, cuando es instrumentalizada por grupos armados que ejercen control en los territorios.
“El pasado mes de marzo, la movilización en Los Pozos, Caquetá, terminó con un campesino muerto y un policía degollado, y con el secuestro de la Fuerza Pública”, recordó el dirigente gremial.
Proyecto inconveniente
Agregó que “el proyecto es inconveniente, pues la movilización es un derecho que surge espontáneo de la inconformidad de las comunidades y, por tanto, no se convoca por decreto; pero, además, es inoportuno, pues la grave situación de orden público en los territorios lo que menos necesita es que el gobierno mismo incite a la movilización, pacífica por supuesto, pero impredecible bajo la presencia de grupos armados ilegales”.
En ese contexto, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) precisó:
- Mis obligaciones con los ganaderos del país son irrenunciables, y han sido muchos los mensajes de preocupación y angustia que he recibido a raíz del proyecto de decreto.
- Yo escribí el trino a que se refiere el presidente Petro -no necesito ocultarme-, en respuesta a la zozobra que generó un decreto que, desde el título, “promueve la movilización” en defensa, entre otras cosas, del “acceso a la tierra” (Artículo 1).
- La preocupación ganadera no es gratuita; hace pocos días se publicó otro proyecto que reglamenta el Artículo del Plan de Desarrollo que elimina las garantías judiciales en la Extinción de Dominio por presunto incumplimiento de la función social o ecológica de la tierra, reemplazando a los jueces por la Agencia Nacional de Tierras.
- Los dos decretos alarmaron a la comunidad ganadera, pues van en contravía del Acuerdo firmado con el Gobierno para la venta directa de tierras, que venimos cumpliendo. Si la ANT tiene ofertas por más de millón y medio de hectáreas, más de la mitad calificadas para compra, además de las tierras de la SAE, más de 90.000 hectáreas extinguidas y más de 400.000 en proceso, que pueden ser entregadas a la ANT con un depósito del 30 %; es decir, sí hay tierras, lo que se debe promover, antes que la movilización campesina, es el fortalecimiento de la ANT, para que cumpla su cometido de comprarlas y entregarlas con proyectos productivos.
- La movilización, como mecanismo de participación, es un derecho colectivo para pedirle algo al Gobierno, en este caso tierras, que ya están a su disposición, pero también vías, crédito, asistencia y todo lo que se necesita para emprender un proyecto productivo que los redima de la pobreza y dignifique sus vidas; todas ellas necesidades que le corresponde al Gobierno atender. Entonces, ¿para qué promover la movilización, si es el Gobierno quien tiene las respuestas?
- De ninguna manera, bajo ninguna interpretación, he incitado al paramilitarismo. Las Brigadas Solidarias Ganaderas, que promovimos cuando los anuncios del Gobierno sobre reforma agraria incitaron, esos sí, las invasiones de tierras son una expresión de solidaridad ganadera, un apoyo a las autoridades, un acompañamiento al vecino en dificultades, bajo el poder disuasivo de la presencia pacífica, en virtud, si se quiere, del derecho a la movilización que hoy se invoca.
- Finalmente, los ganaderos seguiremos cumpliendo lo firmado y esperamos una pronta reunión de la Mesa del Acuerdo, con presencia de la ONU y la Iglesia, porque lo nuestro es la civilidad y el diálogo, en pro de un desarrollo rural fraterno.
