Hay quienes dicen que no escuchan noticieros porque hablan sólo de atracos y de muertos o que no miran los videos, por la violencia que muestran las cámaras de seguridad, no leen periódicos, porque “destilan sangre” pero cuando alguien desprevenido en un consultorio médico, en un restaurante, en el supermercado o en cualquier corrillo de la ciudad, escucha a quienes comentan que en la esquina, en su barrio, o en el centro comercial, atracaron a una joven para raparle el celular, que le robaron la bicicleta a un muchacho o que hirieron a un señor porque se resistió a entregar el dinero que había sacado del cajero o peor, que saliendo del banco asesinaron a una señora porque no entregó las llaves del carro. Todo eso es normal, que la persona empiece a preocuparse y a averiguar, donde ocurren esos hechos, y ahí, sí, se asusta y comienza a tomar precauciones.
Por ejemplo, en julio del 2020 en plena Pandemia, Santa Marta no estaba catalogada dentro de las 20 ciudades que tenían el más alto índice de criminalidad. Pudo ser que bajó el índice, porque la gente estaba confinada y los vándalos estaban “sin trabajo”. Pero si se sigue consultando, según Jorge Restrepo, director del Centro de Recurso para el análisis de Conflictos, dice: que cuando el 96 % de encuestados percibe un deterioro en su situación de seguridad, debemos volver la mirada a las instituciones, más que a las estadísticas o a los fenómenos, que explican esa situación. Complejas discusiones pueden darse acerca de si los homicidios han aumentado o si en una perspectiva de mediano plazo solamente volvieron a su nivel usual, los de un país afectado por formidables grupos de crimen organizado en intensa disputa. También podemos discutir de forma interminable sobre las causas: sobre si fueron las protestas las que generaron el crimen o sobre si la efectividad de la Policía o el aparato de Justicia son los que están fallando o si son ambas cosas. Lo que es indiscutible es que hay una profunda crisis de confianza en las instituciones. Esta crisis la agravó la protesta y la respuesta represiva de la fuerza pública, que dañó las relaciones con colectivos enteros de la sociedad colombiana, comenzando por los jóvenes en situación de desempleo.
Hasta que no se recobre esa confianza en la Policía Nacional, en la Fiscalía General y en los jueces, la percepción de seguridad no mejorará en Colombia. Los mandatarios locales y el gobierno nacional deben crear planes de choque para enfrentar esta suerte de crisis de seguridad que se está viviendo. No se saca nada con ignorar o soslayar lo que están percibiendo los colombianos.
Volviendo a la institucionalidad, directamente en Santa Marta, consultamos que desde la Secretaria de Seguridad Ciudadana, están trabajando en un nuevo enfoque de la seguridad, con sentido social. En estas acciones de intervención a los barrios, se desarrollan con el fin de evitar que se continúen, presentando hechos vandálicos, como los que se presentaban en la vía alterna al Puerto a la altura del puente del barrio Bastidas. La estrategia inició en los sectores aledaños a la vía alterna al Puerto, desde Mamatoco hasta la Sociedad Portuaria, donde se focalizaron jóvenes en los barrios más críticos.
Allí iniciaron un programa de concertación, un proceso con las comunidades, para conocer la problemática que los aqueja, e iniciaron un proceso de oportunidades. Pero hay que tener en cuenta, que las problemáticas empiezan a disminuir, cuando se conocen los fenómenos de delincuencia y las dinámicas de criminalidad, como el tráfico local de estupefacientes. Esos jóvenes que son consumidores, están expuestos a ser reclutados, para que comercialicen drogas en el sector.
En esos casos, el Estado, debería proporcionarles a estos jóvenes, atención en salud mental, con programas de prevención para evitar situaciones de drogadicción, como un problema de salud pública y trabajarlos con programas de deportes, música, arte a través de escuelas de formación y semilleros.
