La Alcaldía optó por iniciar un proceso para decretar la caducidad del contrato firmado con el consorcio Constructores y Palmas por la obra de pavimentación de la calle 9 entre carreras 12 y 18; según lo citado en el artículo 18 de la ley 80 de 1993, debido al incumplimiento con los objetos a contratar, afectando el normal desarrollo de la obra.
La oficina Jurídica de la Administración Municipal, liderada por el abogado Edgardo Rojas, está al frente de las acciones legales para recuperar los recursos destinados para esta construcción, con el objetivo de poder entregarle al municipio una obra funcional que se ejecute en el menor tiempo posible.
El Abogado comentó que el contrato por parte del municipio está terminado, y se está a la espera que el DPS defina si se puede contratar directamente o hay que abrir nueva licitación para terminar la obra.
De eso depende que pueda ser entregada a la comunidad a finales del 2017 o a mediados del 2018.
Esta obra hace parte de un convenio del municipio con el DPS, y su inversión es de $ 2.541.414.241 de pesos, de los cuales se giraron como anticipo al contratista $ 700.352.320 de pesos; amortizando el anticipo con el adelanto de unas obras, por la suma de $ 520.966.230 de pesos, y debido a los incumplimientos en lo pactado, la aseguradora debe asumir la multa de $ 179.386.089 de pesos.
El proceso de caducidad inició el día 31 de mayo de 2017, cuando se impuso la primera multa al contratista por valor de $ 180.090.597 de pesos, en ese momento el contratista tuvo 10 días para pagar los perjuicios al municipio, al no contar con el músculo financiero para cancelarlo, le corresponde a la aseguradora pagar el monto al municipio en un tiempo de 30 días, situación que ya está en trámite y para lo cual la aseguradora ya ofició al municipio solicitando el número de cuenta donde va a ser depositado.
La Alcaldía, ha estado pendiente y coadyuvando desde su llegada en el 2016 para que la obra se realice en buenos términos, debido a que ya se encontraba en ejecución y con un contrato firmado con un contratista elegido por licitación.
Ofrece disculpas a la comunidad por la demora en el avance de la obra, y se compromete a seguir utilizando todos las acciones legales.
