La Universidad del Magdalena con el ánimo de promover la utilidad social del conocimiento y la práctica formativa en la mejora de la calidad de vida de la población, proporciona un servicio social de asistencia jurídica a la comunidad perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Santa Marta y algunos municipios circunvecinos del Magdalenaa través del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación.
Desde el año 2007, la unidad académico-administrativa de la Institución ha prestado asistencia jurídica a alrededor de 12 mil 173usuarios, logrando así presentar acciones legales y administrativas para el goce de los derechos de los ciudadanos y que hoy en día dejan en alto su nombre por el buen servicio que ofrecen.
En lo que va corrido de este año 2017, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliacióndel Programa de Derecho de UNIMAGDALENA ha atendido un total de 2 mil 50 usuarios de los cuales: 223 casos corresponden a Derechos de Petición; 391, a Conciliaciones; 105, a Procesos Judiciales y/o Administrativos (iniciados); 40, a Acciones de Tutela; y, 100 hacen parte de Liquidaciones de Prestaciones Laborales.
Es importante resaltar que la gestión de los estudiantes del Programa de Derecho de esta Casa de Estudios Superiores, quienes hacen parte del Consultorio Jurídico, ha sido relevante en la efectividad y garantía que han tenido con los procesos del derecho de la comunidad, especialmente cuando se trata de usuarios pertenecientes a estratos de bajos recursos.
Por ejemplo, en el área del Servicio Público, una estudiante del programa de Derecho atendió en las instalaciones del Consultorio Jurídico de la Universidad a la señora Ana Mercedes Serna Dávila, quien buscaba ayuda para la exoneración del pago de dos planes de internet, además de televisión y telefonía móvil que supuestamente había adquirido con una empresa de telecomunicaciones.
La estudiante de la Universidad del Magdalena interpuso para este caso un recurso de reposición y un subsidio de Apelaciónen marzo del 2017, a fin de resolver la situación de fondo de esta problemática. Los días 17 y 24 de marzo del presente año, Serna Dávila recibió en su domicilio respuestas de los recursos interpuestos, en donde la exoneran de la obligación pendiente de pago de las dos líneas y se ordenaba el archivo del proceso.
Otro de los casos en el área de Derechos Humanos, también atendido por un estudiante del Consultorio Jurídico, se trataba de una EPS que se negaba a pagar la suma de170 millones de pesos al niño Juan David Galvis en la Fundación Cardio Infantil de Bucaramanga, puesto que el menor padecía Transposición de los Grandes Vasos y Cardiopatía Congénita, sin embargo, la empresa no desembolsaba este dinero, aunque el menor era de bajos recursos y necesitaba el tratamiento con urgencia. El Caso se resolvió exitosamente para la familia demandante y hoy en día el niño cuenta con el dinero para la atención médica.
En tema Laboral y de Seguridad Social, una cónyuge del señor Ricardo Andrés Rodríguez Paut, como consecuencia de la enfermedad de diabetes mellitus no insulinodependiente, además hipertensión arterial y de dislipidemia, pidió al Consultorio Jurídico de la Institución la ayuda para llevar su caso, donde ya el paciente presentaba una insuficiencia renal crónica no especificada y presentaba una incapacidad, desde diciembre del 2015 hasta el julio del 2016, pues el usuario no podía movilizarse con frecuencia fuera de su lugar de residencia. No obstante, la EPS Sanitas no expidió más incapacidad desde esa fecha por haber superado los 180 días.
El estudiante del Programa de Derecho de la Universidad, Leonardo Diazgrandos Gnecco, instauró diversos Derechos de Peticiones a la empresa de Servicios Especiales para Empresas con el fin de que se le hiciera entrega de la constancia de pago a la EPS Sanitas y al Fondo de Solidaridad Pensional Colpensiones, así mismo, reclamó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Se realizó una reclamación administrativa dirigida a Colpensiones, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y además se ordenó el pago del retroactivo pensional en un monto aproximado de 10 millones 650 mil pesos.
En el caso de los Derechos Humanos, por su parte, y en colaboración armónica con las áreas de Derecho Laboral y de Familia, la estudiante Daniela Velásquez llevó a cabo exitosamente una acción de tutela para el restablecimiento de los derechos de la esposa de Neyl Salas, un alumno del Instituto de Educación a Distancia y formación para el Trabajo, IDEA, de UNIMAGDALENA. Esta mujer, además de ser víctima del conflicto armado, acababa de dar a luz y su empleador jamás le reconoció las incapacidades laborales debido a que su embarazo fue declarado de alto riesgo y había sido internada varias veces de urgencia. La tutela interpuesta fue tramitada por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta y fue fallada a favor de la mujer.
Así como estos ejemplos, son muchos los casos en el departamento y la ciudad de Santa Marta que han sido tratados por el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena, que han logrado la garantía y efectividad de los derechos de sus usuarios.
La abogada especialista en Derecho Administrativo, Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Institución, a partir de este año y a través de varios convenios estratégicos con otras entidades, tales como la Comisión Nacional de Juristas y la Casa de Justicia, ha incrementado el desplazamiento del Consultorio Jurídico a otras plazas del departamento, a través de las ‘brigadas jurídicas’ ya establecidas hacía varios años.
“La finalidad de estos casos que nosotros atendemos que es para la comunidad de escasos recursos, pero también para la académica de esta Alma Mater, para que conozcan de la asistencia de su Consultorio Jurídico que son sus mismos compañeros de estudios quienes pueden ayudarlos en asesorías jurídicas frente a la situaciones que se encuentren padeciendo”, añadió la directora, Giovanna Simancas. Finalmente, los estudiantes que están cursando los dos últimos años de la carrera de Derecho, realizan sus práctica reglamentada en los Decretos 196 de 1971, 765 de 1977 y la ley 583 de 2000.
