@jflafaurie
Casi nunca el Consejo Gremial Nacional aplaude a uno de sus invitados. Sus reuniones son sesiones de análisis de la realidad nacional desde la óptica empresarial y nada más. No hay halagos, compromisos políticos ni aplausos. No obstante, estos se escucharon ESPONTÁNEAMENTE tras la reciente intervención del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
El fiscal dijo cosas importantes, pero fue más lo que transmitió. El CGN sintió que, mientras el gobierno está a la defensiva, tratando de comprar capital político con promesas postrimeras y sin tiempo, como la de Colombia Repunta o el refrito de una adición anunciada desde que se le metió la mano al bolsillo de los colombianos con la reforma tributaria; y mientras la clase política –con honrosas excepciones–, se dedica a “fastrackear” los acuerdos con las Farc y a reacomodarse para 2018 –la politiquería electorera–, siempre con el discurso de campaña sin compromisos, pues si los hubiera resultarían un vestido incómodo a la hora de avales y de votos; mientras todo ello sucede –repito–, el Consejo GREMIAL sintió que hayun FISCAL pensando en Colombia con dimensión de Estado y responsabilidad de futuro.
Nos dijeron que el primer acuerdo era “el mejor posible”; después vino “el mejor maquillado”, pero sin los logros raponeados del victorioso NO en el plebiscito. Hoy el Fiscal nos enseña queen los temas de su competencia –justicia y lucha contra el crimen– estamos lejos de un acuerdo que no vulnere las instituciones, con el agravante de pretender amarrarlo a las malas a la Constitución y, de paso, someter a todos los poderes públicos a su cumplimiento durante tres periodos gubernamentales.
El Gobierno lo reconoce al avalar 83 modificaciones a la JEP, entendido ese aval –claro está– como el de las Farc en la trastienda, lo que quedó demostrado con su NO rotundo a la pérdida de derechos políticos a los reincidentes; algo que se cae de su peso. El Gobierno, timorato, promete solucionar el tema en la ley estatutaria, aunque suene a otra zanahoria en el mundo gubernamental de los conejos. En medio del casi unanimismo legislativo, fue notoria y sobresaliente la autoridad académica del fiscal y su responsabilidad política con el país, acotando vacíos y señalando límites en temas críticos como el tratamiento penal a desertores y reincidentes, la permisividad con el narcotráfico durante los procesos inciertos de erradicación voluntaria, la obligación y los plazos para inventariar activos ilícitos, la participación en política condicionada al cumplimiento, las precisiones a la responsabilidad de mando y al juzgamiento de terceros, entre otros.
Aun así, el acuerdo «maquillado» nos quedó debiendo: No hay confesión, sino reconocimiento de hechos criminales; la JEP es colectiva –impune– para las Farc e individual para terceros, y el exótico mecanismo de escogencia de magistrados es una entrega de soberanía. No hay recurso de casación; las víctimas de las Farc desaparecen en la aceptación colectiva de responsabilidad; y se limitan la tutela y la función constitucional de la Procuraduría, entre otras carencias. No nos quedó faltando fiscal –aclaro–, nos quedó sobrando Acuerdo Final.
Su presencia, sin embargo, no se limita al Acuerdo con las Farc. Es vertical su posición frente a la absurda excarcelación masiva por jubileo. Los escándalos de Odebrecht, Reficar y los “papeles de Panamá”, cada uno más vergonzoso que el anterior, también están en la mira de la Fiscalía. En últimas, Néstor Humberto Martínez está haciendo algo inusual por estas tierras: cumplir con su trabajo sin cortapisas ni cálculos políticos. En tan difícil empeño, hay que rodearlo sin mezquindades, con patriotismo.
