José Félix Lafaurie Rivera – @jflafaurie
Hace pocos días le preguntaron a Humberto de la Calle si Timochenko podría ser Presidente en 2018 y respondió que eso podría pasar, pero dependería de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. En este último condicionamiento el doctor de La Calle, de quien no se puede predicar que no conoce el Acuerdo Final, no dijo la verdad, pues por allá en el numeral 36 de la JEP, como al desgaire entre tantas y tan trascendentales transformaciones a nuestro ordenamiento democrático, quedó taxativamente expresado que: “La imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política…”.
Eso quiere decir que, así no sea amnistiado –como no lo será, para tranquilidad de la fiscal Bensouda–, recibirá una pena “restaurativa” por sus crímenes de lesa humanidad –amnistía e impunidad efectivas–, con algunas limitaciones de residencia, pero él, o sus compadres, podrá sembrar lechugas en una huerta comunal en las mañanas y dedicarse en las tardes a su campaña, sin que nadie se lo impida, con un derecho subido a la Constitución.
El Acuerdo sobre Fin del Conflicto también se refiere expresamente a la financiación de las campañas de los candidatos a Presidencia y Senado por el partido de las Farc para las elecciones de 2018 y 2022. Lo curioso es que Timochenko insista en que “nadie en las Farc está en función de ser presidente”, mientras reiteran que su objetivo sigue siendo la toma del poder para instaurar el socialismo. El presidente Santos, por su parte, se limita a decir que a eso no hay que tenerle miedo, porque “quién va a votar por las Farc”.
¡Cómo no moñito! El Gobierno y su Unidad desprecian con arrogancia la capacidad de acción política de las Farc, y esa será, quizás, una de sus grandes fortalezas. En 2008, cuando salimos por millones a rechazarlas, su favorabilidad era del 1%. Hoy, ocho años después, y tras cuatro de champú mediático nacional e internacional, su favorabilidad es del 11%.
Para 2018 tendrán maquinaria política. Un nuevo partido con 14.000 activistas disciplinados, más Marcha Patriótica, la renacida UP y buena parte de la izquierda democrática.
Para 2018 contarán con las concesiones del Acuerdo: 26 curules, 31 emisoras F.M. exclusivas, más la participación en medios igual a las de otros partidos; millonaria financiación preferencial para sus campañas y, por supuesto, para 2018 contarán con los recursos del narcotráfico y sus actividades ilegales.
Para 2018 contarán con promesas que hoy son mandato constitucional y que podrán levantar como bandera, comenzando por tres millones de hectáreas regaladas en las regiones donde tienen control territorial y político, las mismas donde quedarán las 16 circunscripciones especiales para Cámara; las mismas donde están los 118 municipios para la acción prioritaria del Acuerdo. Para 2018 se habrán iniciado en la política partidista, en un país hastiado de corrupción, de politiquería, de mermelada y de injusticia.
En la otra esquina estará el Centro Democrático, hoy oposición y mañana bastión para resistir la avanzada socialista. Y claro, estarán los partidos de la Unidad Nacional, ya para entonces desunida, con los dos “tradicionales”, por los que antaño se mataron muchos; pelechando con otros partidos insípidos, que no saben a nada, con ideologías refundidas entre intereses burocráticos y otros menos santos –tengo que incluir a mi caro partido conservador ¡qué tristeza!–.
No es una posición apocalíptica, es algo que “puede ser”, como respondió De la Calle cuando le preguntaron por una eventual aspiración presidencial de Timochenko. Dios nos proteja.
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