La Unidad de Restitución de Tierras –Territorial Atlántico presentó una demanda colectiva de restitución ante los jueces civiles especializados del Magdalena. La entidad precisó que la demanda corresponde a 17 familias que residían en el corregimiento de Santa Rita (jurisdicción del Municipio de Remolino, Magdalena) y que tuvieron que desplazarse en octubre de 1999, a raíz del conflicto armado.
“Teniendo en cuenta la naturaleza de los predios del centro poblado, se desarrollaron diferentes jornadas de trabajo comunitario con las familias solicitantes para recopilar información. Gracias a estas actividades, y demás análisis e investigaciones, la Unidad de Restitución de Tierras pudo construir la demanda sobre los predios baldíos reclamados”, dijo la directora de la Territorial Atlántico, Ella Del Castillo.
Del Castillo precisó que de las 17 familias solicitantes, 13 residen actualmente en el corregimiento de Santa Rita, mientras que las restantes se encuentran en el municipio de Remolino. Así mismo, señaló que la mayoría ha retornado sin el acompañamiento de las instituciones.
“Las familias desplazadas iniciaron su retorno al centro poblado en el 2004. Sólo aquellas que tenían lotes, pudieron acceder a viviendas muy básicas, a través de dos proyectos ejecutados por: las autoridades locales, el Banco Agrario, la Corporación Minuto de Dios y la Unión Europea”, expresó la funcionaria.
La Unidad de Restitución de Tierras espera que la decisión judicial, además de lograr la formalización de los predios, también materialice el mejoramiento de las zonas comunes del centro poblado. La reconstrucción de las escuelas y los parques, la dotación de servicios públicos, la limpieza del caño y la reparación de la vía de acceso, son algunas de las pretensiones colectivas incluidas en la demanda.
Los habitantes de Santa Rita quieren recuperar los predios que la violencia les arrebató
De acuerdo a los documentos de contexto y los testimonios de los desplazados, el corregimiento de Santa Rita vivió la época más crítica en materia de ataques a partir de 1997. Las amenazas, las extorsiones, las desapariciones forzadas y los homicidios, perpetrados por los grupos armados, desencadenaron el éxodo de cerca de 400 familias que habitaban en esta población.
Dado el creciente número de solicitudes de ingreso al registro, que evidencia la densidad histórica del despojo en este lugar, la Unidad de Restitución de Tierras decidió catalogar esta zona como prioritaria en octubre de 2013. A la fecha, la Territorial Atlántico tramita 295 solicitudes correspondientes a esta zona.
