José Félix Lafaurie Rivera – @jflafaurie
Los inamovibles son “líneas rojas” que no se pueden traspasar en una negociación, porque hacen parte de fundamentales no transables. En 2012, el presidente habló de conversaciones con límites, que “Se medirán en meses, no en años”. Dos años después, Márquez advierte que “No estamos en la recta final y lo que está por definirse, aún toma tiempo”.
El presidente anunció que “El tercer punto es el fin del conflicto armado. Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil”. Hoy Márquez encara al Gobierno para señalarle que “conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla”.
Junio de 2014: el presidente insiste en que «No hay la menor posibilidad de que lleguemos a un acuerdo en donde la guerrilla se quede con las armas». Hace pocos días, Andrés París riposta que “Nadie va a tener la foto de la entrega de armas de las Farc”; que «El desarme lo vemos como un largo proceso» y que la dejación de armas “implica la desmilitarización de la sociedad y del Estado”. Léase, la neutralización de todas las violencias y, principalmente, la disminución del ejército. Su última exigencia “urgente” es un “comando guerrillero de normalización”, para el desmonte de batallones de contrainsurgencia, reducción del pie de fuerza y reformas profundas a la doctrina militar. ¡Qué tal!
Agosto de 2013: las Farc exigen una Comisión de la verdad histórica del conflicto. El Gobierno sostiene que habrá una Comisión de la Verdad una vez suscritos los acuerdos, pero en 2014 cede nuevamente y crea la Comisión, con 12 delegados elegidos por partes iguales. Lo grave no es la comisión sino su objetivo. Para las Farc, «deberá estudiar el tema de la violencia partidista, la responsabilidad de los medios, de la iglesia oficialista, de las potencias extranjeras injerencistas (especialmente EE.UU.), de los latifundistas, de los empresarios y del sector financiero, hasta nuestros días». Es claro su objetivo de diluir y socializar la responsabilidad. ¡La culpa es de todos!
Noviembre de 2012: De la Calle afirma que “No vamos a negociar el modelo de desarrollo ni las políticas del Gobierno”. El primer punto fue el desarrollo rural, como si no fuera parte del modelo económico ni de las políticas públicas. Pero el presidente lo explicó bien en Miami, en julio de 2014: “Cuando hice la comparación sobre lo que yo quería hacer con el campo colombiano y lo que estos señores estaban proponiendo, no había una gran diferencia”. ¡Sin comentarios!
El segundo punto modifica el sistema de participación política, pero Santos explica que “Se trata de un proceso normal de cualquier democracia y lo tendríamos que hacer con o sin negociación”. Y el tercero es la política antidroga, que toca a la justicia, la seguridad, las relaciones internacionales, la economía y hasta la salud. Nada de eso, para el Gobierno, tiene que ver con las instituciones, el modelo ni las políticas públicas.
El Gobierno insiste en referendo y las Farc en constituyente, el Gobierno en que no habrá impunidad y las Farc en que no pagarán cárcel; el Gobierno en que deben reconocer y reparar a sus víctimas, mientras las Farc las halagan en privado y las desprecian en público, y aseguran que “no tenemos nada que repartir”. ¡Pobrecitos!
Las Farc han sido coherentes y han alcanzado sus posiciones al ritmo en que el Gobierno ha cedido las suyas. ¿Quién controla esta negociación? ¿Por qué se mueven los inamovibles? ¿Quién tiene el timón y la brújula?
