El Alcalde Distrital de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, se permite informarle a la opinión pública y de manera particular a todos los habitantes de la ciudad, que en el día de hoy, con el exclusivo propósito de proteger el interés general, el ordenamiento constitucional nacional y de recuperar la propiedad y el uso por toda la colectividad de bienes de uso público del Distrito de Santa Marta, dictó la Resolución No. 0131 del 05 de mayo de 2014, por la cual se inicia una actuación administrativa para dar por terminado en forma definitiva el Contrato de Concesión celebrado en el 2002 con la Sociedad Concesionaria Obras y Proyectos del Caribe S.A., cuyo objeto consiste en: “las actividades y obras de diseño, financiación, construcción y comercialización del Mercado Público de Santa Marta y la Galería Comercial El Pueblito”.
Esta Administración, luego de realizar las consultas y profundas revisiones jurídicas del caso, encontró que dicho contrato va en contravía de claros mandatos constitucionales y legales, que impiden enajenar bienes de uso público, en este caso, los predios del Mercado Público de la ciudad y otros dos inmuebles, pues con tal negociación se privatizó la propiedad de bienes de todos los samarios y con lo cual, se incurrió en la prohibición constitucional dispuesta en el artículo 63 de la Constitución Política de 1991, lo que a su vez, impone la obligación a la Administración de terminar unilateralmente dicho contrato estatal – arts. 44.2 y 45 L.80/93-.
Por otro lado, ya se comunicó la apertura de la actuación administrativa a los interesados y se está a la espera del pronunciamiento tanto del contratista y del garante, con el objeto de salvaguardar el debido proceso administrativo, para que una vez agotado el término otorgado – 20 días-, se proceda a definir, en sede administrativa, lo que corresponda respecto de la terminación unilateral del referido contrato.
La recuperación del manejo del Mercado Público y otros bienes, le permitirá a esta Administración, por un lado, generar unas condiciones de infraestructura adecuadas para atender las necesidades de abastecimiento e intercambio de bienes de consumo humano de primera necesidad y por otro lado, se logrará la protección del derecho al trabajo en condiciones dignas de varios samarios y samarias que derivan su sustento del comercio en las plazas de mercado.
Por último, esta decisión administrativa, hace parte del programa de Gobierno “Equidad para Todos” que busca esencialmente salvaguardar los derechos e intereses de todos los habitantes de Santa Marta y de paso, proteger el uso colectivo de aquellos bienes que nos pertenecen a todos.
