Los compromisos del Ministerio de Justicia serán, gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios para la contratación de las obras de infraestructura de la nueva cárcel. Quedaron definidos en la mañana de este viernes, los compromisos que asumirán tanto el departamento del Magdalena como el Ministerio de Justicia y de Derecho, al igual que INPEC, con respecto al proyecto de la megacárcel regional que será construida por el gobierno nacional en jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel, en la subregión centro de este departamento.
En una reunión en el despacho del Ministro Alfonso Gómez Méndez, del gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, su asesor jurídico Donado Duica y el secretario del Interior departamental Eduardo Ateta, se firmó un documento de intención, el cual contempla los compromisos adquiridos por cada una de las instituciones interesadas en la ejecución del proyecto penitenciario.
El lote, que está ubicado en jurisdicción del municipio Sabanas de San Ángel, ya cuenta con el respectivo concepto de viabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en cuanto al uso del suelo, condiciones topográficas, prestación de servicios públicos y vías de acceso.
El INPEC, se compromete a recibir el predio y adelanta los trámites notariales correspondientes y asumir la carga tributaria que implica su uso.
Los compromisos del Ministerio de Justicia serán, gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios para la contratación de las obras de infraestructura de la nueva cárcel. Y a través de la Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios deberá iniciar el concurso de méritos para contratar los diseños de la obra con cargo a los recursos disponibles de la vigencia de 2014.
El secretario del Interior departamental Eduardo Arteta, dijo que se aspira a evacuar dicho proceso en aproximadamente una semana con el fin de proceder a su adquisición y cederlo al INPEC.
Hay que recordar que existe una acción popular de por medio, fallada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, al igual que una acción de tutela fallada por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ordena al Ministerio de Justicia, al INPEC y a la Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios, proyectar y ejecutar las obras que solucionen el hacinamiento penitenciario del Distrito de Santa Marta.
En la firma del documento entre la Gobernación del Magdalena, el Minjusticia y el INPEC, estuvieron presentes el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa Miguel Samper, la directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) María del Pilar Bahamon, la directora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Marcela Abadía y el asesor jurídico del Minjusticia, Pedro Torres.
