Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
Poco o nada llegó de las mesas de negociación de La Habana al Consejo Gremial. Entre tanto, las Farc con su falso ideario de “paz con justicia social para el campo” son las vedetts, mientras las víctimas permanecen en la sombra. Irónico panorama. Cómo extrañamos la supremacía de la Ley y el Estado de Derecho, para llamar a los criminales a la justicia y recobrar los avances en seguridad y prosperidad. Bien lo decía un ejecutivo de Naciones Unidas: “el fortalecimiento de la Ley robustece el sistema multilateral, asegura la paz, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”. Esa es la paz duradera que anhelamos.
La otra, a la que se llega con impunidad y sin la legitimidad de las instituciones, es la paz de utopías, momentánea y perecedera. La administración Uribe nos acercó a la paz robusta. La quería tanto –como el Presidente Santos– pero lo hizo sin transar con terroristas, sin resquebrajar el tejido social y sin comprometer las responsabilidades jurídicas y políticas del Estado. El asunto es que los resultados de los dos caminos han sido históricamente opuestos. En esos 8 años, avanzamos más que en los 30 años precedentes con procesos de paz. Las Farc quedaron desarticuladas y se combatió el hampa, mientras el bienestar y la prosperidad avanzaron.
Más aún, la presencia de las instituciones fue un “Rey Midas” para el desarrollo y para superar, en buena medida, el atraso al que nos condenaron las guerrillas –aunque hoy se vendan en el extranjero, como refundadoras de la ruralidad–. De la mano de un Estado fortalecido, el PIB nacional y el agropecuario remontaron y la industria, la minería y la construcción alcanzaron crecimientos récords. Con la Seguridad Democrática el campo reverdeció y miles de productores regresaron a sus fundos, se reactivó la producción, la inversión para tecnificar los sistemas productivos y modernizar el capital social. Volvimos a soñar con un país rural, ese sí con “justicia social”.
Diferente de los episodios en los que cedimos porciones del Estado de Derecho. Mientras que entre 1998 y 2002 la economía creció al 0,62% en promedio anual, con la Seguridad Democrática se ubicó al 4,6%. La industria y la construcción repuntaron significativamente, al pasar la primera de 1,8% a 5.6% y, la segunda, de -3,7% a 9,8%. Un comportamiento que se tradujo en menores tasas de inflación, desempleo y pobreza y un aumento en los ingresos de los hogares. Sólo el PIB per-cápita pasó de US$2.312 en 2002 a US$5.279 en 2009. Igual ocurrió con la inversión extranjera que rondaba los US$2.134 millones y se trepó a US$9.500 millones y las exportaciones que de US$11.939 millones subieron a US$32.853 millones.
Lamentablemente, hoy volvemos a sentir el lastre de torcer el rumbo. Retrocedimos en el combate al crimen y corremos el riesgo de perder la paz y un mayor crecimiento económico. Las cifras del PIB al tercer trimestre de 2012 ya muestran síntomas de alarma. Con excepción de la minería –que desde el gobierno Uribe crecía al 7%– las demás locomotoras no arrancan. La industria está propensa a una recesión –sólo creció 0,7% en 2012–, la construcción se desaceleró y el sector agropecuario se juega su supervivencia en las lides aperturistas.
Sin embargo, siento que pese a la sed de paz esta sociedad no ha caído, por fortuna, en el estrabismo. La escalada de violencia nos sacude y nadie quiere volver a “pescas milagrosas”, paros y tomas guerrilleras, que nos dejaron famélicas tasas de crecimiento y vergonzosos indicadores de calidad de vida. Nos “bien acostumbramos”. Necesitamos, entonces, restablecer la ley, como garantía de paz. ¿Para qué cambiar la estrategia? Los 9 millones de colombianos que optamos por el fortalecimiento del Estado de Derecho, reclamamos el terreno perdido de la paz forjada con el monopolio de la fuerza, el imperio de la Ley y gobernabilidad legítima.
