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Tomar en serio a las FARC…

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Jose Felix Lafaurie RiveraPor: José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie
 
La mesa estaba servida, el momento cumbre e ideal el escenario, el que jamás soñó las FARC, para darse un respiro político y un baño de popularidad, después de más de una década de ostracismo internacional, desde cuando fue proscrita como una organización terrorista. Pero en realidad, la retórica de Márquez no sorprendió ni convenció. El sapo quizá lo tragarán en el viejo continente y habrá ofuscado a quienes ingenuamente creyeron en la sensatez de la guerrilla, para respetar los términos de la hoja de ruta de La Habana. Pero, para los demás, el pronunciamiento fue coherente con la visión obtusa, que desde hace 50 años mantienen. Ahora habrá que tomar en serio sus peligrosos anuncios, que sólo conducen a más pobreza y atraso, a mantener al país como paria de la globalización y al servicio de su causa.

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Timochenko y los otros voceros de las FARC, ya habían anticipado la decepción que nos llevaríamos. Pero Márquez destapó todas las cartas y, para sorpresa de quienes se sentían a salvo y esperaban que sólo la ruralidad fuera llevada al patíbulo de la mesa de negociación, hoy nos encontramos con que sus intereses en materia económica también están en juego.  Afloró la misma agenda del Caguán y poco quedó de los cinco puntos acotados y aparentemente viables. Era evidente que sus reclamos irían al corazón de la verdadera riqueza nacional. Mientras el discurso del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, se caracterizó por la mesura y la referencia exclusiva al pacto de Cuba, Iván Márquez se perdió en lo divino y lo humano.

Sus agresivos reclamos pasaron del “despojo legal” de la titulación de tierras de la administración Santos, pasando por el modelo de desarrollo, la economía de mercado, la propiedad privada, el ordenamiento democrático y el territorial. No escaparon a sus pretensiones la “extranjerización” de las tierras, el aperturismo, la política ambiental, la inversión extranjera y hasta el esquema de defensa y seguridad nacional. No escatimó en hacer señalamientos a dedo y con nombre propio, contra los más representativos empresarios del país, para referirse a lo que denominó el “hampa financiera que se está adueñando de la Orinoquia”. ¿Qué pensarán quienes comprometieron sus vidas y jugosas inversiones para construir riqueza, empleo y bienestar?

Pero si la alocución fue intimidante, también fue rica en omisiones y “mea culpa”. Las FARC reclama lo que nunca sembró: progreso y bienestar. Por el contrario, amén de la noche de terror que esparció, la guerrilla es responsable del atraso del país, en especial, del campo, escenario de su guerra. A ella debemos, en gran medida, la pobreza, la desigualdad, el daño ambiental, el incremento en los costos de producción, el lucro cesante de miles de parcelas plantadas con minas y la miseria de millones de campesinos despojados de sus tierras. Por supuesto, ahora pretende vender a la comunidad internacional la idea de que sólo el proceso de paz resolverá la deuda social que el Estado y los actores armados tienen con la ruralidad.

Tampoco habló de sus innumerables víctimas, del narcotráfico y los crímenes de su larga historia terrorista que hoy esperan verdad, justicia y reparación. En cambio,  condicionó la paz a cambios estructurales, mientras amenaza con más muertos y lisiados –“desmovilizarse es traición a la patria” – para tratar de imponer sus pretensiones, en una especie de revolución por contrato en la negociación de paz.

Ya está bueno. Debemos hablar de realidades, por lo menos en lo que toca al campo y los campesinos, que será el primer punto de la agenda en Cuba. Y si las FARC creen que es posible otro debate quimérico, para satisfacer sus viejas ideas de las luchas agrarias de principios del siglo pasado, el infructuoso discurso de la reforma agraria de los años 60 o sus anhelos de poder, la ruralidad y el sector agropecuario estarán perdidos. En el hipotético caso de que esta vez alcancemos la paz reconociendo su anacrónico discurso, habremos desperdiciado la última oportunidad, para que al menos echemos a andar las reformas que necesita el campo, para sellar su desarrollo y el bienestar de 11 millones de colombianos.

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