Carmen de la Hoz, Personera de SalaminaLos Personeros Municipales de todo el Departamento que ejercen sus funciones desde el pasado primero de marzo, a través de una comunicación remitida a la Procuraduría General de la Nación, manifestaron su preocupación por la implementación de la ley 1448 de 2011, en cada uno de sus Municipios.
La preocupación radica en que no cuentan con el mínimo de elementos necesarios para cumplir con las obligaciones que normalmente deben realizar, además de las nuevas obligaciones impuestas con la ley de víctimas, en la cual deben recepcionar las declaraciones de las victimas en un formato que debe ser remitido inmediatamente a Bogotá y existen Personerías que no cuentan con presupuesto para esto, además, que incluso, muchas ni siquiera cuentan con un computador y un espacio que permita confidencialidad y discreción a los declarantes.
El llamado de los personeros del Magdalena, está cifrado en lograr apoyo logístico y presupuestal por parte de las alcaldías municipales, gobernación y las diferentes entidades del estado, en aras de lograr cumplir a cabalidad las obligaciones impuestas por la ley de víctimas, teniendo de presente que los municipios del departamento del Magdalena, fueron muy golpeados por la violencia generada por los grupos armados al margen de la ley y existe un alto número de personas, con el interés de declarar bajo el amparo de la ley de víctimas y la alta demanda de usuarios, desborda las capacidades de las Personerías Municipales.
“Son múltiples las ocupaciones locales, además de las comisiones que deben ser remitidas ante la personería en términos muy cortos, además de la atención al público y las declaraciones de las victimas que a diario son recepcionadas. Las oficinas solo cuentan con el titular del despacho y la persona encargada de la secretaría, es decir dos personas para tantas obligaciones” manifestó Carmen de la Hoz, Personera de Salamina y delegada ante la ‘Federación Nacional de Personeros’ como representante del Magdalena.
Cabe destacar que la ley 1448 de 2011 amplió los hechos victimizantes que anteriormente estaban prácticamente reducidos al desplazamiento forzado, homicidio y desaparición forzada, pero impuso a las personerías municipales, la mayoría de las acciones de atención primaria de las víctimas, además de la secretaria técnica de la mesa de participación de victimas, en la actualidad, muchas de las personerías de sexta categoría, que son todas las del departamento a excepción de la de Santa Marta, cuentan con presupuestos que no dan la oportunidad de tener un funcionario adicional al personero municipal, para cumplir con el sin numero de obligaciones constitucionales y legales, lo cual tiene al borde del colapso a los encargados del ministerio publico en los Municipios.
