Por: José Felix Lafaurie
Desde hace medio siglo, cuando la guerrilla nos declaró objetivo militar y sus voceros urbanos objetivo de la guerra ideológica y política, el gremio ganadero ha lidiado con el estigma de ser un sector terrateniente, explotador y paramilitar; estigma que nuestros contradictores se han encargado de vocear en forma permanente e injusta con los 500.000 ganaderos colombianos, la mayoría pequeños y medianos trabajadores del campo, víctimas, como todos los pobladores rurales, de la violencia cruzada de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Pero las cosas están pasando de castaño a oscuro. De un tiempo para acá, asistimos a un verdadero “linchamiento moral”, por parte de una especie de cofradía de columnistas y “formadores de opinión”, concentrados en una perversa estrategia de desprestigio de los ganaderos y de la ganadería como sector. Y en ese empeño no han dudado, inclusive, en llevarse por delante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
En efecto, en el arranque del inédito y enorme ejercicio de justicia que representa el proceso de restitución, la Corporación Nuevo Arco Iris le lanzó una carga de profundidad al afirmar ante la opinión pública –no ante las autoridades, como correspondía– que los ganaderos del Cesar habían conformado grupos armados antirestitución. Muy rápido, el representante Cepeda, cuantificó en 200 el número de municipios con presencia de estos grupos, para luego rectificar irresponsablemente y ajustarlo a 400 municipios. Es decir, según Cepeda, en un santiamén, la tercera parte del país se infestó de grupos antirestitución financiados por ganaderos.
En el entretanto, La Silla Vacía sacó de contexto unas declaraciones mías de 2006, y con ellas pretendió hacer creer que los ganaderos financiaron grupos paramilitares. No. Lo que dije fue diferente y hoy lo puedo repetir. Luego de veinte años de victimización, los ganaderos apoyaron las Convivir, creadas por el Gobierno como parte de una política de seguridad rural y amparadas por la exequibilidad de la Corte Constitucional. Fueron concebidas como un servicio privado de seguridad, análogo al que existe en las ciudades, pero al ser infiltradas por el narcotráfico, el Gobierno decidió proscribirlas, y el gremio ganadero las rechazó, como siempre ha rechazado cualquier opción de seguridad al margen de la Ley.
Dije también, que quien tuviera responsabilidades penales, las asumiera; pero que el ganadero extorsionado, no podía ser encausado como “financiador”, por cuenta de la vacuna impuesta por el terror. Planteé que la ganadería, como colectivo, aceptaba su responsabilidad, que no era menor a la de otros sectores de la economía ni a la del Estado, responsable del abandono que convirtió al campo en feudo de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Una realidad que significó el asesinato de miles de los nuestros, como quedó registrado en el libro “Acabar con el Olvido”, incontestado por los administradores de justicia y aún en la más vergonzosa impunidad.
El mismo medio digital, no solo se unió para condenar a Jorge Visbal, sino que la emprendió contra la ganadería y contra Fedegán, endilgándole responsabilidades para con las víctimas del paramilitarismo, en otra aberrante generalización que no se compadece con la realidad del gremio ni con su condición de víctima de la violencia.
¿Por qué Fedegán? ¿Por qué los ganaderos? ¿Quién está detrás de esta estrategia de linchamiento moral? ¿Quién será el próximo? Las preguntas se imponen. Tal vez yo, o cualquier otro, sólo se necesita la acusación perversa de uno de tantos malquerientes de la ganadería. Lo reitero: los ganaderos hemos sido víctimas y, en consecuencia, Fedegán continuará defendiendo la dignidad de 500.000 colombianos dedicados a esta actividad. Se lo debemos a nuestras víctimas, al futuro de la ganadería y al campo colombiano.
