El preámbulo de los diálogos de paz, ha servido para volver a identificar el errático discurso de las FARC en torno al tema central de las negociaciones: la “tierra”. En palabras de alias “el médico”, el país necesita 5 reformas agrarias, la Ley de Restitución de Tierras es inútil y las FARC es inocente del éxodo de campesinos y la contrarreforma agraria. No es difícil advertir los problemas que nos esperan en Oslo. No sólo porque las afirmaciones provienen de quien hizo posible el preacuerdo y hoy oficia como heredero de “Jojoy” y del aparato militar de las FARC.
Sino, además, porque se trata de la misma visión de hace 50 años. Una que aún divaga en el espejismo de los latifundios y rehúye la responsabilidad en el despojo y reacomodo de la propiedad rural a sangre y fuego.
¿Realmente hay latifundios en manos de propietarios y herederos legales de la tierra? Cierto es, que no son todos los que dicen, ni de la magnitud que se especula. Creo que no hemos podido pasar la página de La Colonia, cuando se podía sostener la premisa de la concentración legal de la propiedad. Desde hace décadas asistimos a un permanente fraccionamiento de la tierra, que nos condenó a una estructura de minifundio y pequeña propiedad. Una realidad que admite el gobierno, cuando asegura que el 62% de los propietarios en el campo tiene menos de una UAF.
En 1964 Miguel Santamaría Dávila –entonces Presidente de Fedegán– ya señalaba el fenómeno, a propósito de los debates de la “Alianza para el Progreso”. Sostenía que el diagnóstico de la concentración –con información catastral– era falso. En el registro aparecían propiedades gigantescas que en realidad habían sido divididas en herencias, parcelaciones, ventas o invasiones. Cálculos que corroboró Enrique Peñalosa, Gerente del Incora de la época. ¿Qué le hace pensar al país que esas dinámicas de parcelación se detuvieron? Más aún, si las advertencias no impidieron la reforma agraria y muchas fincas fueron “incoradas”, aunque estuvieran debidamente explotadas. Me pregunto ¿cuál sería hoy la suerte de la propiedad rural, debidamente adquirida, si prosperan las 5 reformas agrarias que exigen las FARC?
Pero si el predominio del minifundio y la pequeña propiedad es real, no es menos cierta la violenta colonización de grandes extensiones por parte de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Basta cruzar los mapas del desplazamiento y la presencia de estas fuerzas, para señalar a los verdaderos despojadores. Los mismos que hoy operan ejércitos anti-restitución, para conservar –en testaferros– territorios estratégicos que sirven a sus propósitos políticos y militares, ostentar activos de acumulación patrimonial o para siembra de ilícitos.
Aunque las cifras del despojo son inciertas, sabemos que un 40% de los municipios vivió la cohersión, las masacres y la expulsión como vías de hecho, para que capitales ilícitos englobaran pequeñas propiedades en grandes fundos, que sumados podrían representar una tercera parte de las mejores tierras del país. Ahí están los terratenientes, contra los que apenas hemos podido extinguir 52.516 hectáreas en una década de vigencia de la Ley de Extinción de Dominio. La otra herramienta: la Ley de Restitución de Tierras está en ciernes, pero ya los propios usurpadores le hacen zancadilla, aunque “reivindican” la tierra como bandera de lucha.
No podemos equivocarnos. Los negociadores deben tener claro el problema: ¿Cómo vamos a manejar el microfundio y la pequeña propiedad? ¿Cómo vamos a detener el fraccionamiento anti-económico de la tierra, en momentos retadores desde lo global? Un mal paso puede cambiar la suerte del país rural y no precisamente para bien. No queremos volver a recoger los pedazos de una reforma agraria expropiatoria, contraria a toda lógica económica y social ¿Será que después de 50 años repetimos la historia, por no saber leer la coyuntura y los desafíos de la tierra?
