Por: Martha Lucia Ramírez
La paz de Colombia tiene que ser una política de Estado, por encima de cálculos políticos cortoplacistas y de vanidades.
Resulta evidente que la improvisación, bandazos y contradicciones en la negociación con las Farc, así como el golpe de mano al medio país que votó NO en el plebiscito y el oso internacional del acuerdo firmado en Cartagena, en algo se disimularon en Oslo, pero para ello, cada día nos adentramos más en un camino con rumbo desconocido.
Defender la Constitución y la institucionalidad es tan importante para el logro de una paz verdadera, como tener un acuerdo legítimo. De no ser por la impaciencia gubernamental y la arrogancia de las Farc, el nuevo acuerdo por el que trabajamos un mes, habría sido posible y habría contado con un amplio consenso nacional que le diera legitimidad y sostenibilidad.
El manejo equívoco y equivocado del Gobierno, las presiones de amigos y contratistas áulicos del Ejecutivo, la aplanadora oficialista en el Congreso, los intereses políticos y hasta las amenazas de los abogados de las Farc pronunciadas antier a voz en cuello por Álvaro Leyva anunciando el desacato a un eventual fallo adverso, han presionado a la Corte Constitucional y han puesto contra la pared la democracia colombiana y la separación de poderes.
En este período, el país ha visto a una Corte complaciente con un proceso de paz con las Farc, que cada vez pide más. Ya la Corte dio luz verde al “plebiscito especial” hecho a la medida del acuerdo y ahora, el Gobierno le pide no solo aprobar el mecanismo de la vía rápida para la pronta implementación, sino simultáneamente, desconocer la voluntad popular reconociendo al Congreso la atribución de avalar la nueva versión del acuerdo.
Esta nueva versión hizo algunas correcciones que sugerimos, pero no solucionó las críticas de fondo por las que las mayorías populares rechazaron el plebiscito. Sin embargo, para imponer el acuerdo, se inventaron su refrendación forzada en el Congreso y la implementación rápida en el mismo, para lo cual nos han metido en un galimatías jurídico sin precedentes y de consecuencias imprevisibles.
Ayer la presidenta de la Corte dijo que en el fallo anunciado el martes (que aún está redactando) no se han pronunciado todavía sobre la refrendación indirecta, vía Congreso, puesto que no ha sido demandada. Así las cosas, hoy permanecería vigente el requisito de la refrendación popular como condición para la entrada en vigencia tanto el acuerdo firmado en Cartagena, como del acto legislativo 1/2016.
No obstante, al parecer la Corte está tácitamente exigiendo una nueva refrendación popular para la nueva versión del acuerdo, al mismo tiempo que el martes autorizó la legislación de la implementación mediante la vía rápida.
Todos queremos salvaguardar el cese al fuego y por supuesto conservar del proceso lo que mejor sirva a los colombianos y ahorre vidas. Por ello quienes no creemos que el fin justifique los medios, debemos insistir una y otra vez que consideramos que es prematuro tramitar la ley de amnistía a las carreras y con la mitad de los trámites en un Congreso diabético y también complaciente con el Ejecutivo en este proceso con las Farc que nos lleva con rumbo desconocido.
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