José Félix Lafaurie Rivera -@jflafaurie
En un post de X, el presidente Petro insiste en su cantaleta de que el objetivo de la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales rurales es “que los ricos paguen impuestos” y “ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz”.
Es cierto, la Ley 14 ¡de 1983! ordena actualizar cada cinco años los avalúos, y el Acuerdo fariano establece que, en máximo siete años, se debía concretar la actualización del catastro rural, pero ningún gobierno ha logrado cumplir esa obligación.
Así que, frente a problemas estructurales, malas son las soluciones que no surgen de análisis objetivos, sino de percepciones ideologizadas. Cuando el presidente reduce el problema a que, “los terratenientes no quieren pagar impuesto” el riesgo es la chambonada…
El artículo 49 de la Ley del Plan es un “mico disfrazado”, pues la actualización de los avalúos es un objetivo legítimo y por ello no alarmó a nadie, porque se esperaba que el Gobierno aplicara la gradualidad que recomienda en el parágrafo tercero, que les ordena a Ministerio de Hacienda y al DNP elaborar un Proyecto de Ley que establezca límites al crecimiento del Predial “derivado del reajuste del avalúo catastral, bajo los principios de progresividad”. Sin embargo, ni se revisaron los actuales límites al crecimiento del predial, ni se aplicó gradualidad alguna, una gran chambonada, pues un error continuado del Estado no se soluciona “de un totazo”.
Vino luego la Resolución 1912/24 con una metodología que solo puedo juzgar por sus resultados en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, publicada de afán en el Diario Oficial antes de que terminara el año, con el listado de porcentajes de incremento para 527 municipios; exorbitantes y absurdos en algunos casos.
Que la medida no es para los pobres, dice Petro, aunque, según el IGAC, la actualización afecta a más de 1.600.000 predios, el 98,6% con menos de 100 hectáreas, así que la medida arrasará con la mediana producción rural y afectará al campesino minifundista que se dice defender.
Como era de esperarse, no los ricos que Petro persigue, sino los campesinos y medianos productores protestaron y se logró un acuerdo en Santander con mediación del gobernador; acuerdo que podría replicarse en otras regiones, pero el ministro del Interior dejó claro que no era posible, un mensaje “chambón” del que se infiere que, sin protesta, no hay negociación.
La cosa se enreda más, porque, en lo que representa una confesión de la chambonada inicial y una “desmontada por las orejas”, la Dirección General del IGAC les trasladó “el chicarrón” de las soluciones a sus directores regionales, algo inaudito, pues lo que debería tener una solución centralizada, comenzando por la suspensión de la Resolución 2057, ahora depende de más protestas y tantas negociaciones como directores regionales tenga el IGAC.
Así pues, seguimos de chambonada en chambonada. ¡Ya basta… ¡No más!
