*El rector Pablo Vera Salazar aclaró que no ha registrado pérdidas financieras, ratificó sus indicadores positivos y llamó a comprender el desfinanciamiento como un problema estructural del sistema universitario público, no de la gestión institucional.
Durante una transmisión en vivo realizada a través de las redes institucionales, el rector de la Universidad del Magdalena, doctor Pablo Vera Salazar, explicó de manera pedagógica y detallada los alcances del informe “Sostenibilidad financiera de las universidades públicas colombianas 2019–2024”, elaborado por la Contraloría General de la República, así como la realidad financiera de la Institución y los retos estructurales que enfrenta el sistema universitario público del país.
Desde el inicio de su intervención, el Rector fue enfático en señalar que el informe de la Contraloría constituye un aporte importante para visibilizar una problemática real y de carácter histórico: la insuficiencia del modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia. No obstante, aclaró que algunas interpretaciones difundidas en el debate público no se desprenden directamente del contenido del documento, sino de lecturas parciales de ciertos indicadores.
“Es necesario hacer una aclaración de fondo: la universidad pública no está diseñada para financiar su funcionamiento exclusivamente con recursos propios. Su operación básica es una responsabilidad del Estado, conforme a la Constitución y a la Ley 30 de 1992”, señaló el doctor Vera Salazar.
Qué dice y qué no dice el informe
El Rector explicó que, en abril de 2025, la Contraloría General de la Nación solicitó información a las 34 universidades públicas del país para adelantar un estudio sectorial sobre la sostenibilidad financiera del sistema universitario estatal durante un periodo de cinco años. La Universidad del Magdalena atendió dicho requerimiento en mayo del mismo año, aportando información financiera y administrativa conforme a la normatividad vigente.
“El informe no evalúa quiebras, ni califica la gestión institucional, ni declara pérdidas contables. Su principal conclusión es la existencia de un desfinanciamiento estructural del sistema universitario público, derivado de un modelo de financiación que no ha crecido al ritmo de la expansión de la cobertura, la complejidad académica y las obligaciones laborales y pensionales”, explicó el Rector.
En este contexto, fue enfático en aclarar que en ningún apartado del informe de la Contraloría se afirma que la Universidad del Magdalena haya registrado pérdidas por 90 mil millones de pesos, como fue señalado en un medio de comunicación nacional.
“La Universidad del Magdalena no ha tenido pérdidas financieras ni detrimentos patrimoniales en el periodo 2019–2024. Nuestros estados financieros, reportados a la Contaduría General de la Nación y a los organismos de control, así lo demuestran”, puntualizó.
Faltante estructural no es pérdida financiera
El Rector explicó que el informe utiliza ejercicios técnicos que comparan los ingresos propios de las universidades con el costo total de su operación. A la diferencia resultante se le denomina “faltante” o “brecha de recursos”, lo cual no puede interpretarse como una pérdida contable ni como evidencia de mala gestión.
“Ese llamado faltante refleja que las universidades públicas han tenido que asumir, con recursos propios, obligaciones que deberían estar financiadas estructuralmente por el Estado. No es un déficit contable, ni un detrimento, ni una quiebra institucional”, afirmó.
En el caso de la Universidad del Magdalena, entre 2019 y 2024 se destinaron más de 428 mil millones de pesos de recursos propios para garantizar el funcionamiento institucional, la continuidad académica y el derecho a la educación de miles de estudiantes. Para la vigencia 2025, los gastos totales de funcionamiento ascienden a 262 mil millones de pesos, de los cuales la transferencia de la Nación cubre 164 mil millones, mientras que los recursos propios aportan cerca de 98 mil millones, equivalentes al 38 %.
“Este esfuerzo no es una falla; es una muestra de gestión responsable y de compromiso con lo público. Sin embargo, los recursos propios complementan la financiación estatal, no la sustituyen”, subrayó el Rector.
Solidez financiera de UNIMAGDALENA
A pesar de operar en un contexto de desfinanciamiento estructural del sistema, la Universidad del Magdalena presenta indicadores financieros favorables, entre ellos niveles adecuados de liquidez, capital de trabajo positivo y un endeudamiento responsable.
Adicionalmente, al cierre de la vigencia 2025, la Institución reportó excedentes financieros superiores a los 12 mil millones de pesos y un superávit presupuestal superior a los 28 mil millones, recursos que serán destinados a inversiones estratégicas en la vigencia 2026. La Universidad cuenta, además, con una calificación de riesgo AA con perspectiva estable, otorgada por la firma Fitch Ratings.
Un problema del sistema y un compromiso del Estado
El Rector reiteró que el déficit que hoy se discute no es un problema exclusivo de una universidad, sino una situación estructural del Sistema Universitario Estatal, asociada a un modelo de financiación definido hace más de tres décadas.
En este sentido, reconoció que el actual Gobierno Nacional, presidido por Gustavo Petro, ha asumido de manera explícita esta realidad y ha avanzado en su atención mediante la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y la asignación de recursos adicionales a la base presupuestal de las universidades públicas. No obstante, aclaró que dichas medidas, aunque significativas, aún no logran cerrar una brecha histórica acumulada durante muchos años.
Finalmente, el doctor Pablo Vera Salazar reiteró que el debate público sobre la financiación de la educación superior debe darse entendiendo la naturaleza de la universidad pública y evitando interpretaciones que desvirtúen su misión.
“La universidad pública no existe para generar utilidades financieras; existe para crear oportunidades, transformar vidas y contribuir al desarrollo del país. Generar recursos propios es un mérito, no una renuncia a lo público. Pero garantizar la educación superior como derecho sigue siendo una responsabilidad indelegable del Estado colombiano”, concluyó.
