Con el objetivo de garantizar una atención integral, cercana y digna a las personas afectadas por el conflicto armado, la Personería Distrital de Santa Marta suscribió un convenio de colaboración con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que permitirá su presencia permanente en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) del Distrito.
Este acuerdo establece una serie de compromisos conjuntos orientados a fortalecer la atención y orientación a la población víctima, así como a facilitar el acceso a la oferta institucional desde un enfoque diferencial y de derechos.
En cumplimiento del convenio, la Personería Distrital dispondrá de un funcionario idóneo que atenderá miércoles y viernes, de 8:00 a.m a 12:00 p.m., en las instalaciones del CRAV. Allí se brindará asesoría jurídica, orientación institucional, así como recepción de declaraciones para la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), de conformidad con los hechos victimizantes reconocidos por la Ley 1448 de 2011.
Asimismo, se pondrán a disposición herramientas tecnológicas como computador y escáner, y se aplicarán protocolos y rutas de atención definidos para garantizar una intervención oportuna y eficaz.
El convenio busca articular la oferta estatal en todos los niveles, con el fin de facilitar el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Se establecen mecanismos de cooperación y corresponsabilidad entre ambas entidades para mantener actualizadas las rutas de atención, compartir información relevante y realizar seguimiento continuo a los casos atendidos.
La Unidad para las Víctimas, por su parte, se compromete a brindar acompañamiento técnico, capacitación institucional, y facilitar las condiciones logísticas necesarias para el desarrollo de las funciones de la Personería en el Centro Regional.
Un paso firme en la construcción de paz y dignificación de las víctimas
Con esta alianza, la Personería Distrital ratifica su compromiso con la población víctima del conflicto armado, y reafirma su disposición de aunar esfuerzos que permitan avanzar en la construcción de un escenario de paz con justicia social, desde la defensa activa de los derechos humanos y el cumplimiento de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011.
Este convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, y se inscribe dentro del marco del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como de las acciones orientadas a superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004.
