• El auto de imputación de responsabilidad fiscal fue proferido contra el ex gobernador Trino Luna Correa y los ex gobernadores encargados Sandra Rubiano Layton y Francisco Infante Vergara.
• Consorcio Gamma, interventor de la obra también fue imputado por falta de coordinación, supervisión y control de la obra.
La oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Magdalena, profirió auto de imputación en el caso del proyecto Parque Cultural Tayku previsto a ejecutar en la ciudad de Santa Marta, contra el exgobernador del Departamento, Trino Luna Correa y los exgobernadores encargados que asumieron durante el período del año 2007, Sandra Rubiano Layton y Francisco Infante Vergara por presunto daño patrimonial al Estado.
De acuerdo con la imputación de cargos proferida por la oficina en mención, la investigación arrojó que con la acción u omisión de los exfuncionarios anteriormente mencionados se causó un daño patrimonial por la suma de $2.483.603.340 que salieron de las arcas del departamento del Magdalena sin haber ejecutado el objeto del contrato.
De acuerdo con la investigación que se inició el 10 de Julio del 2008, por parte de la Oficina de Responsabilidad Fiscal producto de las irregularidades generadas en la ejecución del proyecto, se registró un presunto manejo indebido de los recursos de la entidad causando con ello disminución y menoscabo de los derechos colectivos de los ciudadanos y se incurrió en gastos que pudieron ser evitados por los funcionarios que asumieron el proyecto, lo cual se hubiera evitado cumpliendo al pie de la letra con todos y cada uno de los requisitos técnicos que la ley exige para la realización de este tipo de obras.
Señala además el auto proferido, que la investigación permitió arrojar que se causó daño a los recursos públicos del departamento del Magdalena en una suma de errores que se concretan en falta de planeación, negligencia y falta de acción e inejecución de poder de vigilancia y control, que conllevaron al quebrantamiento de los principios de gestión pública, la contratación estatal y la gestión fiscal.
Así mismo se le imputan cargos a Edinsón Vásquez en representación del Consorcio
GAMMA, interventor de la obra cuestionada, por negligencia en la coordinación, supervisión y control del proyecto, los cuales no obedecieron a los criterios legales para adelantar las obras firmando y autorizando el inicio de las mismas sin contar con las debidas licencias de construcción expedidas por una autoridad competente para ello, lo cual generó que el 28 de septiembre del 2007 se ordenara la suspensión de las obras por el incumplimiento en el pago del impuesto predial del lote destinado para el parque y por no contar con la licencia de construcción definitiva.
De acuerdo con lo establecido por la oficina de Responsabilidad Fiscal, los imputados serán llamados a que presenten sus defensas, soliciten y alleguen sus pruebas conforme con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 610 del 2000.
Con la imputación de responsabilidad a los implicados, la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría cumple con la comunidad en el ejercicio de ejercer control fiscal con la rigurosidad de la ley, para que los recursos y bienes del Estado cumplan con la función social de mejorar el nivel de vida de los magdalenenses.
ANTECEDENTES
La Contraloría General del Departamento del Magdalena por medio de su oficina de responsabilidad fiscal inicial la recopilación de la información necesaria para lograr esclarecer el caso del proyecto Parque Cultural Tayku el 10 de julio del 2008, como consecuencia de las denuncias registradas en diferentes estamentos de la sociedad incluyendo medios de comunicación y ciudadanía en general.
Mediante este auto se inicia el recaudo de material probatorio por parte de la oficina en mención y se involucra a los funcionarios a quienes hoy se les imputan cargos. En ese sentido son llamados a entregar versiones libres sobre el manejo que le dieron respectivamente al momento de encontrarse dirigiendo los destinos de la administración departamental, estableciéndose luego de conformado un comité de estudio de la problemática del proyecto, que una primera solución que se dio fue la liquidación preliminar del contrato a pesar de que la obra según el informe tenía un avance del 70%, lo cual se determinó debido a que Fonprecom embargó los recursos y el departamento por su parte se encontraba en reestructuración de pasivos por lo que no contaba con dineros propios para solventar el proyecto.
El contrato para la ejecución del mismo fue constituido por un valor de $3.200 millones donde la primera etapa era por valor de $1.266 millones y la segunda etapa con un costo de 4.466 millones, estos sujetos a aportes de la Alcaldía y la Gobernación.
De acuerdo con el material probatorio recogido en las indagaciones realizadas durante la investigación, la ejecución de las obras se paralizó en tres (3) oportunidades de la siguiente manera:
1.-) Suspensión producida el 25 de septiembre del 2007, por el hecho que la construcción no poseía la licencia respectiva requerida por la ley, razón por cual se interviene la obra y paraliza por 45 días calendario mientras obtiene la licencia
2.-) La segunda suspensión se lleva a cabo con el propósito de aclarar por parte de la Gobernación los recursos disponibles y vigentes que respaldan el proyecto y asi finiquitar la construcción de la I etapa del Parque.
3.-) Esta suspensión se debe al embargo de los recursos establecidos en la cuenta, por lo que la paralización se hace más que obligatoriamente hasta que se llegue a un acuerdo.
Estos hechos, según concluye la imputación de cargos denotan
la falta de compromiso como autoridad, funcionarios y como ciudadanos de aquellos que a su cargo tenían las riendas del departamento para con una obra que traería progreso a la ciudad y beneficiaría a toda la comunidad, pero debido a la presunta negligencia de funcionarios públicos, hoy se encuentra en proceso de destrucción natural pues nunca se llegó a concluir.
