En una clara demostración de rebeldía y ratificando su posición egoísta contra el pueblo del Magdalena, la mayoría de los diputados del Departamento mantuvieron su posición para hundir los proyectos de ordenanza tales como Beneficios tributarios para impuesto de vehículos y Autorización para ceder títulos gratuitos o enajenar bienes fiscales, que fueron presentados bajo directriz del gobernador Carlos Caicedo Omar.
A pesar de la argumentación expuesta por los integrantes del Gabinete Departamental, los miembros de la Duma solo se dedicaron a hacer señalamientos temerarios para deslegitimar la gestión que viene ejecutando el Gobierno del Cambio en favor de los menos favorecidos.
El proyecto de beneficios tributarios para impuesto de vehículos buscaba dar descuentos hasta del 100% en intereses y sanciones para los impuestos de vehículo automotor; estampillas; multas de tránsito; y beneficiar hasta 324 mil contribuyentes y recaudar hasta 40 mil millones que se destinarían a proyectos de educación y salud en los municipios del Magdalena.
“Lastimosamente una ponencia de la diputada Claudia Patricia Aaron determinaba que nuestra acción era inconstitucional, lo que no comprendemos porqué una propuesta que va a favor de la gente y más a que venimos con más de año y medio de pandemia, y que no hay recursos para pagar sanciones y tasas, tiene una negación. En el 2019, la misma diputada firmó una ordenanza en donde sí otorgaba este tipo de exoneraciones de interés a los ciudadanos del Magdalena”, manifestó Fabián Bolaño, jefe de la Oficina de Tránsito y Transporte Departamental.
Por su parte, la iniciativa que buscaba la autorización para ceder títulos gratuitos o enajenar bienes fiscales, la cual, también fue negada por la Asamblea, tenía como objetivo legalizar la tenencia de vivienda a 830 familias; 432 del barrio Santa Ana en Santa Marta y 398 del sector Jorge Eliécer Gaitán de Ciénaga.
De esta manera, se ven perjudicados más 4.320 personas que tenían la posibilidad de cambiar su vida. Con la titulación, la Gobernación del Magdalena les garantizaba a las familias la permanencia legal en el terreno, tener la propiedad del bien y conformar un activo que permitirá a sus propietarios incorporarse al mercado inmobiliario, además de tener facilidades para el acceso a crédito.
