José Félix Lafaurie Rivera -@jflafaurie
Sea lo primero recordar a mis lectores que siempre apoyé la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, no solo por el sentido de justicia que incorpora el devolver lo despojado a su legítimo dueño, sino porque durante décadas de violencia en el campo, muchos de esos propietarios legítimos eran ganaderos sin distingo de tamaño o condición, lo cual me obliga más allá de lo personal, como quiera que el acompañamiento a las víctimas ganaderas es un compromiso de FEDEGÁN y de la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán.
Y la sigo apoyando por lo que representa en un país ávido de justicia y con la justicia embolatada en riñas y componendas de salón; pero no puedo dejar de señalar sus imperfecciones, que fueron advertidas desde un comienzo.
Una de ellas es la restitución de lo ya restituido a quienes, por la década de los ochenta y hasta mediados de los noventa, conformaban “movimientos de recuperadores de tierras” que, bajo las consignas de “la tierra pa’l que la trabaja” y “A desalambrar”, se dedicaron a colonizar -léase invadir- predios de tenedores legítimos que, simultáneamente, eran acosados a reventar por sus socios armados: EPL, ELN y Farc.
Era la época en que el INCORA no salía de mercado, sino que esos ganaderos -verdaderos despojados- le ofrecían sus tierras a menos precio y migraban a las ciudades a buscar oficio, razón por la cual no puede calificarse al INCORA como adquiriente de buena fe exento de culpa. Esas tierras compradas baratas alimentaron el Fondo Nacional Agrario y, seguramente muchas, fueron otorgadas a campesinos sin tierra, pero muchas también a quienes las habían invadido y tampoco son adquirientes de buena fe.
Después de esa primera restitución, muchas de esas tierras -las de los buenos y las de los malos- fueron vendidas nuevamente, porque la violencia nunca se detuvo ni tampoco el Estado generó las condiciones para hacerlas productivas. Así pues, esos primeros restituidos reciben un segundo beneficio, esta vez en plática, por la venta de sus parcelas y también arrancan para las ciudades a buscar oficio.
Cincuenta años después, resurgen los movimientos de recuperadores de tierras y mucho me temo que se empieza a tejer, tras bambalinas, una estrategia de control territorial para el posconflicto. Esos mismos adjudicatarios que vendieron después del 1º de enero de 1991, están reapareciendo y gozan de prioridad en las zonas donde la Unidad viene microfocalizando para restituir. Ahora van por un tercer beneficio, porque, sencillamente “vendieron barato”. ¿Recuerdan?: les regalaron tierra, la vendieron y ahora la quieren regalada nuevamente.
Medio siglo después, haber comprado barato se convierte en delito y esos adquirientes de buena fe, que además tienen la carga de la prueba, es decir, son culpables hasta que no demuestren lo contrario, no siempre tienen como sustentar que no son viles despojadores. Es una regla de juego que no aplica para el Gobierno, que también compró barato a través del INCORA, a unos propietarios acosados por la violencia.
Además del último comprador, ¿quién más es el marrano en este sánduche? -me estoy acostumbrando a esta comparación- Pues el propietario original, quizás un ganadero que recibió la tierra de sus padres y la trabajaba honradamente; que seguramente fue secuestrado y pagó extorsión a unos y otros; despojado por el INCORA, que le compró barato pero al que nadie sindica por tal proceder. Ese propietario legítimo y primer despojado, no es prioridad para nadie. Casos hay por doquier.
