José Félix Lafaurie Rivera @jflafaurie
Parece como si el espíritu de Álvaro Gómez anduviera en estos días por estos lares, no solo para urgir a la Fiscalía a declarar de lesa humanidad su propio magnicidio, sino para recordarle a los colombianos su mensaje de un “acuerdo sobre lo fundamental”, hoy necesario frente a un tema –las negociaciones de La Habana– que ha generado una polarización sin precedentes en el país.
Por ello saludamos la iniciativa del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de propiciar un escenario de discusión en donde las diferentes posiciones, aun las antagónicas, se encuentren en un espacio independiente de la mesa de negociaciones, para que, en respeto y democracia, se puedan aproximar disensos y fortalecer coincidencias para ir amojonando unos mínimos –acuerdos sobre lo fundamental– que permitan llegar a un pacto político y social por la paz.
Bien lo dijo el Procurador, que no basta un acuerdo entre plenipotenciarios, sino “la mayor coincidencia posible de las más diversas voluntades”, algo que tiene que interesar al Gobierno de cara al eventual mecanismo de refrendación, pues con la actual división de la opinión ciudadana, casi por mitades, como se expresó en la pasada contienda electoral, la sola coincidencia con una convocatoria regular a las urnas no garantiza resultados a favor de una u otra postura.
El camino hacia “lo fundamental” inicia por despejar el tema de las negociaciones de sus restricciones naturales. Menciono las principales. Primero, debe primar el derecho de las víctimas al reconocimiento, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Segundo. Dejar claro que la paz va más allá –mucho más– del final de la violencia fariana. Además de la neutralización de otras violencias, la paz se construye a partir de un modelo de desarrollo nacional integral y equilibrado. No se trata solamente de “extirpar” el campo para recuperarlo. Se trata de salir del estereotipo de que solamente redistribuyendo la tierra se logrará la paz. Se trata de restaurar la equidad entre campo y ciudad, pero en el marco de la inequitativa distribución de toda la riqueza nacional.
Tercero. Cualquier acuerdo deberá inscribirse en el marco del Estado de Derecho, la economía de mercado y los derechos constitucionales a la libre empresa y la propiedad privada.
Cuarto. Al Fiscal General, que se la jugó con buena intención por alternativas generosas de justicia transicional, la fiscal jefe de la CPI le ha dejado claro que la desmovilización, el desarme, la verdad y la garantía de no repetición pueden justificar una reducción de la pena, pero sin perder la noción de proporcionalidad con la gravedad de los delitos, caso en el cual se “invalidará la autenticidad del proceso judicial nacional”. En otras palabras, la ratificación colombiana del tratado de Roma se opone a la impunidad total.
Quinto. A pesar del apoyo, políticamente correcto, de Estados Unidos, ese país ha manifestado que no abandonará su lucha contra el narcotráfico, sin importar la naturaleza o motivación del delito.
Sexto. Aunque sea una de las salvedades pendientes, es de bulto que Colombia deberá honrar sus compromisos derivados de los TLC.
Después de esa aproximación es cuando se requieren grandes consensos alrededor de lo que llamamos coloquialmente “las preguntas del millón: ¿Hasta dónde pueden llegar los acuerdos sin menoscabo del Estado de Derecho? ¿Cuánta verdad, justicia y reparación está dispuesta a aceptar o a reclamar la sociedad? ¿Hasta dónde está dispuesta a reivindicar o vulnerar la dignidad de las víctimas? ¿Cuánta participación política está dispuesta a otorgarles a las Farc?
El Procurador es el representante de esa sociedad ¿Quién, si no él, para liderar ese proceso hacia lo fundamental?
