Por: EDGAR CASTRO C.
He sido un defensor a ultranza de la actividad reforestadora por todos los beneficios que encierra. Aparte de los favores ambientales, quien hace realidad proyectos de plantaciones artificiales con fines comerciales obtiene recursos económicos que justifican sobradamente la inversión; además, son altos los beneficios sociales que resultan con la generación de empleos al utilizar mano de obra de baja calificación.
El gobierno nacional que venía impulsando la reforestación ha cambiado el rumbo adoptando, de manera incoherente con ésta política de largo plazo, un recorte en el presupuesto para los conocidos Certificados de Incentivo Forestal, que debe ejecutarse en el 2014. Con este leñazo retrógrado, ni más ni menos, ha dejado viendo un chispero tanto a los inversionistas nacionales como a los extranjeros asentados en el país. El Certificado de Incentivo Forestal, que no es invento de este gobierno, fue creado con la expedición de la ley 139 de 1994, para apoyar la reforestación comercial asignando recursos para el cubrimiento de parte de los costos ocasionados en el establecimiento y mantenimiento de plantaciones.
A qué juega el gobierno? No puede entenderse esta política gubernamental, que luego de establecer como meta, en el Plan de Acción para la Reforestación Comercial, la plantación de 600 mil hectáreas en el cuatrienio, con todo el entramado presupuestal del caso, haya dado reversa a toda velocidad desestimulando a los reforestadores, lo que hace prever una detención en la actividad. Con esto se está acudiendo a la improvisación de algo programado por el mismo gobierno, pues, viene ajustado a lo preceptuado en el parágrafo del artículo 66 de la ley 1450 de 2011, que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Fedemaderas, con su Directora Ejecutiva Alejandra Ospitia a la cabeza, en la búsqueda de lograr que se cambie lo dispuesto, ha dirigido varias comunicaciones al alto gobierno sin lograr resultados positivos a pesar de su insistencia. Tengo en mis manos copia de la última respuesta recibida, que suscribió, el pasado 13 de enero, el Director de Cadenas Productivas Agrícolas y Forestales –Ministerio de Agricultura-, Luis Humberto Guzmán Vergara. Dice el remitente que para cumplir con las expectativas del sector y los compromisos adquiridos de los contratos CIF vigentes, su entidad ha adelantado –se entiende que sin suerte- las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda. En el párrafo siguiente anota textualmente: “… como es de su conocimiento, el gobierno nacional ha destinado importantes recursos para apoyar al sector agropecuario durante el 2014 y dar así solución a las múltiples necesidades de los productores, identificadas por subsector y por cada región del país en el Pacto Nacional Agrario. Adicionalmente, se debe contar con recursos para cumplir los compromisos ya adquiridos con los diferentes subsectores durante el paro agrario.”
De la misiva de Guzmán Vergara, es fácil concluir que los recursos requeridos por el sector forestal en cuantía de 95 mil millones de pesos, según los compromisos gubernamentales, están embolatados. Pues, solo están disponibles 28 mil millones. También deja entrever el funcionario del ministerio de Agricultura que con los recursos de la actividad forestal, o parte ellos, se está abriendo un hueco para tapar otro al llevarlos al cumplimiento de los acuerdos que se dieron con posterioridad al paro nacional agrario. Y eso que ese paro, según palabras del presidente, no existía. Qué equivocado estaba nuestro mandatario.
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