Por Edgar Castro Castro
Colombia se define en el artículo 1 de la Constitución como una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. La frase no es menor. Allí se consagra un equilibrio: unidad nacional, sí; pero con descentralización real. Más de treinta y cinco años después de erigida la Constitución del 91, vale preguntarse si lo manifestado en ese texto se cumple en la práctica o si ha quedado como una formulación elegante.
El país sigue funcionando bajo un centralismo cómodo. Las grandes decisiones se toman en Bogotá; sin embargo, la ejecución, muchas veces precaria, recae en departamentos y municipios que carecen de suficiente músculo fiscal y técnico. Cuando los resultados no llegan, la responsabilidad se diluye entre niveles centrales del gobierno.
La Carta Política es clara: el artículo 287 reconoce a las entidades territoriales el derecho a gobernarse por autoridades propias, administrar recursos y participar en las rentas nacionales. El 298, por su parte, otorga autonomía a los departamentos para planificar su desarrollo, y el 311 define al municipio como la entidad fundamental encargada de prestar servicios y ordenar su territorio. En el papel, la arquitectura es descentralizada, pero la realidad es otra: la dependencia financiera y normativa del nivel central limita esa autonomía.
La mayoría de municipios vive de transferencias condicionadas. Los recursos llegan con destinación específica, reglamentación exhaustiva y escaso margen de maniobra. Se exige eficiencia local sin otorgar una verdadera libertad para decisoria. La descentralización política avanzó; la fiscal y administrativa, apenas parcialmente.
El impacto se siente con mayor fuerza en las regiones productivas: territorios agropecuarios, mineros o energéticos aportan al crecimiento nacional, pero no siempre reciben inversión proporcional en infraestructura, ciencia, vías terciarias o asistencia técnica. El Sistema General de Participaciones y el de Regalías intentan corregir brechas, pero su complejidad normativa convierte la autonomía en una administración tutelada.
En el campo, por ejemplo, se diseñan políticas desde una lógica urbana que pocas veces consulta la realidad productiva. Se imponen restricciones sin alternativas técnicas suficientes, se habla de transición energética sin transición social y se formulan planes homogéneos para territorios profundamente diversos por geografía o cultura. La consecuencia es desconfianza y sensación de abandono.
No se propone desmontar la unidad del Estado: la Constitución mantuvo con acierto ese carácter. Pero unidad no significa uniformidad ni concentración excesiva de decisiones. Un país diverso exige soluciones diferenciadas, acorde con las características específicas de cada región.
El centralismo resulta cómodo para quien concentra el poder: simplifica el control y reduce riesgos políticos. Sin embargo, su costo es alto: desigualdad territorial, burocracia paralizante y debilitamiento de la legitimidad institucional.
La descentralización no es una concesión graciosa del nivel central; es un mandato constitucional. Cumplirlo implica fortalecer capacidades locales, revisar la estructura de transferencias y confiar en que las regiones pueden administrar su propio desarrollo.
Mientras sigamos proclamando autonomía en el texto y restringiéndola en la práctica, Colombia continuará siendo un país que promete descentralización, pero ejerce centralismo.
En toda la perorata de los aspirantes a la presidencia, no he visto propuestas sobre el tema, entre tanto, las regiones, ricas en recursos y talento, seguirán esperando que la Constitución deje de ser discurso y se convierta en realidad tangible.
