Drummond informa que, el 15 de enero de 2026, en un juicio ante el Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama (Estados Unidos), el jurado emitió un veredicto sobre todas las acusaciones contra el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates). El jurado concluyó que Collingsworth e IRAdvocates hicieron acusaciones falsas y difamatorias de que Drummond apoyaba a grupos paramilitares en Colombia. Así mismo que los acusados violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) a través de extorsión, soborno de testigos, manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración. El jurado también encontró que había evidencia clara y convincente de que Collingsworth sabía o imprudentemente ignoró que sus acusaciones contra Drummond eran falsas cuando las hizo.
En las demandas presentadas, una por difamación y otra por extorsión y concierto para delinquir bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), el jurado le otorgó a Drummond US $52 millones por la demanda por difamación y US $68 millones de dólares por la demanda bajo la Ley RICO. Según lo establece ésta última ley, esa indemnización se triplica automáticamente, lo que eleva el valor total de la indemnización a US $256 millones.
Según el veredicto y la evidencia presentada, Collingsworth y su organización presentaron declaraciones falsas y difamatorias en cartas enviadas a terceros que estaban diseñadas para dañar la reputación de Drummond y afectar sus negocios. Bajo la Ley RICO, el jurado halló culpable a Collingsworth de soborno y manipulación de testigos con base en pagos no revelados que superaron los US $400.000 a Jaime Blanco Maya, Jairo de Jesús Charris (alias El Viejo Miguel), entre otros. Los conspiradores aliados de Collingsworth, incluyendo al abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, también fueron hallados culpables bajo la Ley RICO.
“Este veredicto es una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley. La compañía lleva décadas soportando señalamientos maliciosos y narrativas falsas, que un jurado ahora determinó por unanimidad que eran categóricamente falsas”, según dijo Trey Wells, abogado litigante principal de la firma de abogados Starnes Davis Florie LLP.
Los documentos del caso demuestran que los procesados llevaron a cabo una estrategia coordinada para presionar reputacional y judicialmente a la compañía mediante demandas y campañas mediáticas en Estados Unidos, Colombia y Europa, apoyadas en testimonios falsos obtenidos mediante pagos ocultos.
Drummond reitera su compromiso con una operación ética y responsable. Desde el inicio de sus operaciones en Colombia, a finales de la década de los 80, la compañía se ha ceñido a las leyes que rigen el país. La compañía seguirá actuando, como lo ha hecho siempre, con respeto por la institucionalidad y por los más altos estándares de integridad.
