José Félix Lafaurie Rivera –@jflafaurie
La sentencia condenatoria de la JEP al secretariado de las Farc, como se esperaba, resultó en la gran estafa a las víctimas y al país, cerrando el capítulo de impunidad de la justicia especial que Santos anunció como única en el mundo…, tanto que daba para Nobel por parte de sus socios suecos en el proceso instalado en Oslo en 2012.
Transcurrieron siete años y 1.834 días hábiles, con una planta actual de 1.456 empleados y un costo que supera los 3 billones, para que esta justicia que enorgullece a Santos lograra establecer la culpabilidad de unos criminales que ya la justicia ordinaria no solo había investigado, sino juzgado y condenado.
Solo Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, director del Partido Comunes, se sentó a conversar con el gobierno Santos con circular roja de Interpol, recompensa de Estados Unidos por 5 millones de dólares, 182 procesos judiciales abiertos, 141 órdenes de captura, 57 medidas de aseguramiento y 13 condenas que sumaban 448 años de prisión.
¡La sacaron barata! 448 años de cárcel por apenas 8 de “sanciones propias”, como responsables de 21.396 secuestros que incluyeron, en muchos casos, asesinato, tortura, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros. Tendrán algunas limitaciones de movilidad y podrán ejercer la política, mientras adelantan proyectos restaurativos “que integran medidas diferenciadas, legítimas y contextualizadas, orientadas a la reparación simbólica, la reconstrucción del tejido social, la restauración ecológica y la dignificación de las víctimas”.
Es una jerga que eufemiza sus crímenes y esconde la más escandalosa impunidad, en una pieza judicial que compite con la de la jueza Heredia, que sirvió para el efecto contrario de condenar a un inocente: Álvaro Uribe. En 663 páginas, 1.773 consideraciones y 131 numerales en su parte resolutiva, se extienden 91 órdenes a todas las instancias del Estado, ya sea para garantizar el cumplimiento de las sanciones o la salud, la seguridad y el bienestar de los sancionados, entre las cuales se esconde la llave para cerrar por dentro la puerta de la impunidad, advirtiendo (Num. 126) que toda investigación o condena de la justicia ordinaria queda subsumida y absorbida por este remedo de justicia.
Tres observaciones finales: La primera: que la JEP se cuidó de expedir a la vez la sentencia a los 12 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, ante la cual no sobra recordar que la misma JEP estableció que los “falsos positivos” no fueron una política de Estado. La segunda es una ocurrencia: Si todos los presos del país, condenados por menos delitos y mucho menos graves, pudieran invocar en los tribunales su derecho a la igualdad ante la justicia, las cárceles se desocuparían.
La tercera es de Ripley. El presidente de la JEP ha reiterado que no hay presupuesto para los proyectos restaurativos de sus condenas. Y entonces… ¿impunidad total…, la gran estafa?
