Los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, representados en la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, interpusieron una acción de cumplimiento para que se obligue a la Superintendencia de Servicios Públicos -Superservicios y a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía a gestionar inmediatamente recursos a favor del Fondo Empresarial, de manera que se financie a la citada empresa, se garantice un servicio de energía eléctrica estable y de calidad a sus más de 1,3 millones de usuarios, y se evite el colapso del sistema eléctrico nacional.
En la demanda, instaurada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, se advirtió que la acción de cumplimiento es procedente porque los recursos pueden conseguirse mediante constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos de financiamiento destinados a asegurar la continuidad de un servicio público esencial, y que no implican un gasto presupuestal no previsto.
Al justificar la demanda de acción de cumplimiento la Veeduría Ciudadana resaltó los siguientes hechos:
- El estado de iliquidez de Air-e Intervenida, por el Gobierno Nacional a través de la Superservicios, ha llevado a incumplimientos en el pago de sus obligaciones, lo cual erosiona la estabilidad de todo el sistema de energía eléctrica nacional y compromete la continuidad y eficiencia de este servicio público esencial.
- Las deudas totales de Air-e suman $3,6 billones de pesos, incluyendo las de antes de la intervención, que eran de $1,9 billones, y las acumuladas durante el primer año de la toma de posesión, que alcanzan $1,7 billones.
- Antes de la toma de posesión las deudas con las generadoras de energía sumaban $825.000 millones de pesos. Ahora superan los $2,4 billones, lo que significa que prácticamente se triplicaron en sólo un año de intervención.
- Durante este primer año de administración de Air-e por parte de la Superservicios, la deuda con las generadoras térmicas alcanza aproximadamente $1 billón de pesos. Tal situación pone en riesgo la operación de estas empresas, que constituyen un eslabón fundamental del sector eléctrico del país y necesitan ingresos constantes para pagarles a sus proveedores de combustibles.
- Air-e atiende alrededor del 11% de la demanda total del Sistema Interconectado Nacional, SIN, por lo que es responsable del recaudo de aproximadamente $41.000 millones de pesos mensuales para remunerar la actividad de transmisión. La situación es más crítica en el Sistema de Transmisión Regional Norte en el que representa el 44% de la demanda.
La instauración de la Acción de Cumplimiento coincide con el primer año de la intervención de Air-e, por parte de la Superservicios, este 12 de septiembre, gestión que arroja un resultado con serias deficiencias, caracterizada por falta de articulación, eficacia y responsabilidad como lo demuestran los siguientes hechos:
- Nunca se conoció el Plan de Intervención de Air-e que debió definir el Gobierno nacional antes de su toma de posesión para estabilizar la situación financiera y operativa de la empresa, asegurar el suministro de energía eléctrica en la región, y no generar un impacto negativo sobre los usuarios y los demás actores de la cadena de valor del sector.
- El plan de inversiones de Air-e Intervenida para la modernización y el mantenimiento de su sistema de distribución está paralizado, lo que incide en el deterioro de la calidad del servicio.
- Se mantiene la amenaza creciente de apagón en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, atendidos por Air-e Intervenida, debido a su crisis financiera y operativa.
- En el año 2026 Air-e estará expuesta a comprar en la bolsa el 70% de la energía que necesita para atender el mercado de Atlántico, Magdalena y La Guajira, porque no tiene asegurado el suministro mediante contratos de largo plazo. Eso significa que tendrá que comprar energía más cara y que ese mayor costo lo trasladará a los usuarios con nuevos incrementos de la tarifa.
- En el primer año de intervención de Air-e el Gobierno nacional ha tenido 2 ministros de Minas y Energía, 3 superintendentes de servicios públicos y 4 agentes interventores, lo cual evidencia una debilidad institucional que afecta la administración de la empresa.
- La Procuraduría General de la Nación y la fiscalía general de la Nación iniciaron sendas investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de Air-e Intervenida.
La Veeduría Ciudadana ha presentado solicitudes de información y realizado diálogos infructuosos con los agentes interventores de Air-e y las autoridades nacionales, sin que se le haya dado acceso a lo requerido para ejercer un control social efectivo al proceso de intervención y a la forma como el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes dependencias y entidades, debe dar una solución articulada y de fondo a la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica, en términos de continuidad, calidad, eficiencia y plena cobertura a los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Por ello, también se radicó ante el Consejo de Estado una acción de tutela con la cual busca que se garanticen los derechos al debido proceso, el derecho de petición, y el acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, dando viabilidad a un recurso de insistencia para obtener la información solicitada, el cual fue negado por un magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico. Nos encontramos en espera del pronunciamiento de la Alta Corte.
Si bien esperamos resultados favorables de todas estas acciones, seguimos dispuestos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para buscar las garantías necesarias que eviten un apagón en estos departamentos y se asegure la prestación de un servicio estable y de calidad.
La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida está conformada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico- Magdalena
