El diputado del Magdalena, Rafael Noya, presentó ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República una denuncia formal por presuntas irregularidades en la terminación unilateral del contrato de alianza estratégica entre el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche -HUJMB y la empresa Cardiovida Santa Marta S.A.S., encargada desde 2019 de la prestación de servicios integrales de cardiología invasiva y no invasiva en el departamento.
De acuerdo con la información conocida, Cardiovida invirtió más de 9 mil millones de pesos en infraestructura y operación, logrando avances significativos como la realización oportuna de más de 33.700 procedimientos a pacientes con patologías cardíacas graves. Sin embargo, en abril de 2024, la gerencia del HUJMB, bajo la dirección de Zenaida Ortiz, decidió dar por terminado el contrato de manera unilateral, pese a que —según el diputado— no existían incumplimientos por parte del operador.
“Esta decisión pone en riesgo la atención cardiovascular de cientos de pacientes, vulnera los derechos laborales de decenas de trabajadores y ocasiona graves perjuicios económicos para el hospital”, afirmó Noya.
El diputado advirtió que, desde la finalización del contrato, no se ha implementado un plan de contingencia, no se cuenta con equipos disponibles ni insumos suficientes para garantizar la continuidad del servicio. Tampoco se han efectuado pagos al personal ni se han establecido acuerdos con otros prestadores, lo que ha provocado una parálisis en la atención.
Noya también denunció que el hospital no ha facturado oportunamente los servicios de cardiología y cirugía cardiovascular a las EAPB, lo que ha impedido el recaudo de recursos y ha agravado su situación financiera. Igualmente, alertó sobre presuntas presiones políticas desde la Gobernación del Magdalena para favorecer a otros operadores del servicio.
Según el contrato, el HUJMB recibe el 10% de la facturación bruta y el 60% de la utilidad mensual. Con una adición firmada el 15 de marzo de 2024, el usufructo mensual pasó de 75 millones a 135 millones de pesos. No obstante, Noya advirtió que no existe un control interno claro sobre el uso de estos recursos, incluidos los pagos de servicios públicos y el manejo de residuos hospitalarios.
La denuncia también fue expuesta por el diputado durante la sesión de la Comisión de Salud, Educación, Deporte, Medio Ambiente, Paz, Reconciliación y Ética de la Asamblea Departamental, con el fin de dejar constancia pública y solicitar el respaldo institucional para exigir acciones inmediatas.
Finalmente, Noya solicitó a los órganos de control investigar de manera inmediata y adoptar medidas preventivas que garanticen la continuidad del servicio de cardiología en el departamento, así como la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
