Por. Lilia Solano. Directora Unidad para las Víctimas
Al definir la política de paz como una política de Estado, la Ley 2272 del 4 de noviembre de 2022 trajo nuevamente al escenario nacional la figura de los gestores de paz. Este es un recurso que se entiende dentro del marco provisto por la Ley 418 de 1997, también conocida como Ley de Orden Público, que les permite la participación en los procesos de paz «a miembros de los grupos y organizaciones armadas…» y a las comunidades, personas comprometidas con la superación del conflicto armado, la búsqueda de la reconciliación, ejecutores y constructores de la política de paz.
En diálogo con la Unidad, Mancuso se comprometió a cumplir ahora como gestor de paz con encontrar cerca de 400 bienes que, desde 2006, no han sido incluidos en los listados oficiales y son fundamentales para avanzar en el proceso de reparación integral de las víctimas. La participación de los gestores de paz no se reduce tan solo al ámbito de las reparaciones concretas, como entregar información a la fiscalía sobre bienes que, en justicia, les pertenecen a quienes fueron sus víctimas. Su contribución también debe ser la construcción de una sociedad en paz. Estos acercamientos con protagonistas del conflicto, ahora como gestores de paz, no se dan en un vacío jurídico. Si en el marco de sus contribuciones se incluyen, además de confesiones, esclarecimiento de la verdad, las indicaciones para dar con el paradero o localizar los restos de quienes desaparecieron, su papel será aún más significativo. La devolución de bienes no se trata de medidas remediales descabelladas, habida cuenta de la escasez de recursos para cumplir con los compromisos que el Estado asumió en los Acuerdos de Paz y que el gobierno actual ha consagrado como política medular. En efecto, en virtud de la Ley 975 de 2005, se estableció el Fondo para la Reparación de las Víctimas, que «es el encargado de recibir, administrar y monetizar los bienes y recursos entregados por los miembros de las autodefensas que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz».
El año que se inicia nos presenta un horizonte desafiante. Poco antes de que 2024 llegara a su fin, el pasado 11 de diciembre, la Ley de Financiamiento no fue aprobada en el Congreso de la República. Esta decisión del Legislativo constituye una pérdida para el país, que ve así obstaculizado todavía más el camino hacia la implementación de las políticas de transformación social. Además, el año que inicia trae consigo retos propios para la implementación de la reparación integral a las víctimas.
¿Qué necesitan las víctimas por parte de gestores de paz como los antiguos jefes del paramilitarismo? Además de que se haga concreto el compromiso relacionado con los bienes que se deben poner a disposición de la reparación integral de las víctimas, sigue siendo de suprema importancia su contribución al esclarecimiento del alcance de la herida asestada a la nación colombiana durante el conflicto armado.
Este aspecto de la restauración sigue mostrando su importancia de primer orden ahora que se siguen descubriendo fosas comunes, como si la tierra no cesara de pronunciarse y plantear sus reclamos. De manera que, al margen de la preocupante coyuntura actual generada por la decisión del Congreso y el panorama del año 2025, seguimos explorando la aplicación de la legislación de paz con acercamientos de las víctimas a los esclarecimientos a los que tienen derecho. Para tal fin, la contribución de los gestores de paz representa una pieza de importancia capital.
En últimas, el acceso de individuos y comunidades a sus medios de vida, el reconocimiento a su autonomía de gestión y las garantías para el ejercicio de vocaciones y contribuciones a la producción mediante el empleo de creatividades y fuerza de trabajo, su protagonismo en la articulación de sus propias historias y la recuperación de su memoria son derechos que demandan recursos concretos. Estamos comprometidos con la restitución de esos derechos y contamos con instrumentos legales que nos permiten la reparación integral a quienes hoy pueden, y desean, ser protagonistas de la construcción de una sociedad cercana a los ideales constitucionales de justicia.
De otra parte, el mismo concepto de gestores de paz puntualiza la construcción de la convivencia, la reconciliación, la reparación integral y la restitución de derechos allí donde los atropellos a la vida fueron cometidos. Esto es: en el ámbito de lo local, que es donde transcurre la vida concreta. No en vano los abordajes que cultivamos desde la Unidad para las Víctimas observan de manera innegociable el enfoque territorial. Sabemos que la confianza debe ahora recuperarse localmente. Las víctimas exigen esa línea de compromiso de los gestores de paz, pues la paz solo florece allí donde la justicia la patrocina.
