Por: Eduardo Verano
El Presidente Gustavo Petro presentó al Congreso el principal documento de su gobierno: el Plan de Desarrollo 2022-2026. Todo plan de desarrollo contiene una parte general y un plan de inversiones plurianual. Así mismo, la ley determina que ambas partes deben ser concertadas con las entidades territoriales. Y este último aspecto merece especial atención.
Dentro del proceso de elaboración del plan de desarrollo, por lo general, la concertación con las entidades territoriales, por parte del nivel nacional, ha sido casi nula desde que los CORPES desaparecieron dentro del Sistema Nacional de Planeación, tanto en la parte general del plan, que define los objetivos y las estrategias sectoriales, como en la parte del presupuesto de inversiones. En realidad hay una concentración total de poder en el nivel central.
Está demostrado, por los estudiosos del desarrollo regional, que el impacto de las políticas sectoriales no es homogéneo a nivel territorial. Definir políticas nacionales sectoriales sin mirar su impacto regional puede implicar una asignación sesgada de los recursos del plan nacional de inversiones. Es el caso del sector rural, donde encontramos regiones o territorios donde predomina el latifundio, como la Región Caribe, y otras donde lo dominante es la pequeña propiedad como la Región Andina. En este caso, aplicar una estrategia sectorial rural nacional para la pequeña propiedad implica desconocer las especificidades de aquellas regiones que no cuentan con esa estructura de propiedad. Y así para otros sectores como: Vías terciarias o vías nacionales. Cada región es diferente y requiere inversiones concretas para conseguir un desarrollo superior. Es la esencia de sus luchas.
Lo que se recomienda acá es hacer más activa y profunda la concertación para evitar que el presupuesto general de la nación se presente desbalanceado hacia el centro del país, en detrimento de la periferia, dado que siempre las políticas sectoriales han sido diseñadas a la medida de la región andina, producto del modelo centralista que sigue imperando en el país a pesar de lo que establece la constitución del 91 en materia de entidades territoriales y su autonomía. Solo así se explica la exagerada diferencia y la concentración del desarrollo económico y social en la Región Central del país.
A nuestros congresistas les tocará estar muy atentos en la tarea del análisis de las políticas sectoriales definidas en la parte general del plan de desarrollo y como se reflejan en una justa distribución territorial del presupuesto general de inversiones 2022-2026. Los Diálogos Regionales Vinculantes, del Gobierno Petro también deben apuntar a lo anteriormente comentado, de lo contrario terminarán en un simple ejercicio académico, y en una larga lista de mercado de peticiones regionales.
