La Contraloría General de la República ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal derivado de falsas denuncias relacionadas con supuestos sobrecostos en la contratación de los mercados entregados por la Gobernación del Magdalena durante la emergencia del Covid-19.
El suscrito Contralor Delegado Intersectorial No. 4 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, decidió archivar el proceso ordinario de responsabilidad fiscal que se le seguía al gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y a tres de sus funcionarios, tras comprobar que los hechos por los que se habría abierto la investigación, no son constitutivos de detrimento patrimonial.
«Conforme a lo expuesto, el material probatorio, permite confirmar que la contratación directa adelantada por la Gobernación del Magdalena, observó la selección objetiva, al escoger la cotización o propuesta más favorable del mercado, situación que se clarifica, con calcular el precio en el mercado de los productos objeto del Contrato 210-2020, considerando como base para la determinación del costo de los alimentos la información suministrada por el DANE y las cotizaciones de almacenes mayoristas que se decretaron y allegaron al expediente, como las de Tiendas ARA, Cencosud, Almacenes Éxito y Supertiendas – Droguerías Olímpicas, identificando como precio razonable del mercado para cada producto», argumentó la Contraloría en su fallo.
Por lo tanto, el ente de control resolvió archivar el proceso de responsabilidad fiscal en favor de los investigados. No obstante, advierte que, «si con posterioridad a la presente decisión aparecieren nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de sustento para el archivo aquí dispuesto, se ordenará la reapertura de la acción fiscal, conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley 610 de 2000».
Al mismo tiempo, en un tercer articulado del resuelve, la Contraloría advierte que contra su decisión no procede recurso alguno.
