José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
La promesa de valor es un término de la teoría administrativa de planeación estratégica. Dentro de ese contexto es, efectivamente, una “promesa” que debe cumplirse –“lo prometido es deuda”– y los clientes tienen derecho a reclamar su cumplimiento. La promesa debe ser veraz, no engañosa, y estar dentro de las capacidades de la empresa bajo su estricta responsabilidad. Al cliente no se le puede salir con que se le había prometido “otra cosa” o que no se pudo cumplir por culpa de “otros”.
Colombia es una gran empresa con un Gerente que se ganó el puesto con una promesa de valor que no responde a su marco teórico. Prometió la paz a sabiendas de que no podía cumplir. Cuando le conviene, reconoce que la paz va más allá del silencio de los fusiles de un grupo armado; que es un derecho fundamental y deber colectivo que no se negocia, se construye. Pero cuando de hacer propaganda se trata, al Gobierno se le olvidan esas nimiedades de la publicidad engañosa y las promesas que deben cumplirse. “La paz está cerca”. “Colombia será otra con la firma de los acuerdos”. Claro que es mejor que las Farc abandonen la violencia y el delito, nadie lo duda, pero de la firma de unos acuerdos a la verdadera paz hay mucho trecho.
Colombia no verá el fin de la violencia –y menos la paz– mientras haya armas; y armas habrá mientras haya narcotráfico, un flagelo que volvió a copar inmensas zonas y también la capacidad del Estado. Un informe de la ONU y el Gobierno afirma que el área de cultivo pasó de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 en 2014, pero le creo más a la Oficina para las Drogas de la Casa Blanca, que en marzo informó que, para 2015, el país tenía 165.000 hectáreas y habíamos regresado 15 años atrás, a los comienzos del Plan Colombia. En un sorprendente trino, el ministro de Defensa le achaca el incremento a “factores climáticos y logísticos” –no hay derecho–, mientras el Gobierno anuncia la “exitosa” fumigación manual y un proyecto piloto de sustitución en un municipio con pocos cultivos.
Entre tanto, las bacrim hacen de las suyas y el ELN resurge como actor violento con inusitada capacidad armada, inclusive en regiones donde no hacía presencia –¿cambio de brazaletes?– y en los estados venezolanos limítrofes donde se refugia.
El Gobierno, por su parte, sigue atrapado en sus tiempos. La última expectativa de acuerdo final era el próximo 20 de julio, pero esa fecha está enredada. Las salvedades pendientes siguen pendientes, sobre todo las del acuerdo agrario. Las Farc aceptaron el plebiscito –para qué Asamblea–, cuando lograron que lo acordado se incorpore a la Constitución, gracias a un orangután de última hora. Falta que la Corte se pronuncie sobre tan evidente atropello a la Carta y sobre el no menos espurio del plebiscito, una instancia refrendatoria que no solo se acomoda para ser ganada, sino que obliga al ciudadano al SÍ o al NO frente a unos acuerdos demasiado complejos. Todo o nada, en un plebiscito que, además, le ha cerrado el paso a la urgente reforma tributaria, frente a un hueco fiscal de ¡34 billones!
El Gobierno no tiene plata para cumplir siquiera su verdadera promesa, la que está detrás de la paz, la que vale diez billones durante diez años –y por ahí pasa–, la de revolcar el campo, la institucionalidad y el Estado de Derecho para acomodarlo a las exigencias de reinserción de las Farc.
¿Promesas de valor, o promesas sin valor?
