José Félix Lafaurie Rivera @jflafaurie
Hay que hablar con cuidado en este país. Si expreso desacuerdos con las negociaciones de La Habana –desacuerdos de medio país–, soy enemigo de la paz con todas sus consecuencias. Si señalo las distorsiones de una ley necesaria y bienintencionada, como la de víctimas y restitución de tierras, no para desprestigiarla sino para que sean corregidas sus desviaciones, el señor Howland, Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, me estigmatiza pública y peligrosamente con muy poca preocupación por mis propios derechos.
Hablaré con cuidado entonces, pues callar es fácil, pero no está dentro de mis opciones. No estoy en desacuerdo, o mejor, creo en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y el fomento de la participación de las comunidades en la construcción de su propio destino, sobre todo en la Colombia rural.
Pero la participación comunitaria que entiendo dentro del Estado de Derecho es la que empieza por el sufragio como deber ciudadano y, entonces, desde el derecho que se deriva del voto responsable, las comunidades ejercen veeduría permanente y celosa al gobernante elegido y a toda su administración.
No creo en el cogobierno de las comunidades –el Estado comunitarista–, del que están impregnados los acuerdos de La Habana y, en particular, la Reforma Rural negociada con las Farc. Menos aun cuando se trata de organizaciones sociales permeadas, o mejor, manipuladas ideológicamente por esa guerrilla, que las sometió durante décadas bajo el terror de las armas y terminó siendo un poder sucedáneo, instancia única de control social donde ha tenido y quiere seguir teniendo control territorial efectivo, y férreo control político en el posacuerdo.
El país lo está viviendo. Los u’wa bloquearon el turismo en el Parque del Cocuy con inmensas pérdidas para la economía regional y, ahora mismo, tienen en jaque el suministro de gas de la región oriental. El Vicepresidente rechaza la extorsión de las comunidades, que se aprovechan de la consulta previa para exprimir al Gobierno y a los contratistas, entorpeciendo las obras de infraestructura. Un líder “comunitario” que brinca del Magdalena Medio al Catatumbo y de allí al suroccidente del país, logra poner en calzas prietas al Gobierno, al tiempo que manifiesta sin empacho que “las peticiones se complementan con la agenda de La Habana”. Para quien todavía lo dude, eso quiere decir que la condición extorsiva de las negociaciones no se ejerce solamente con las armas sino con el mecanismo, también violento pero más presentable, de las “movilizaciones”.
¿Qué será entonces del campo en el posacuerdo? ¿Qué nos pasara cuando el tomo completo de lo firmado se incorpore a la Constitución? Las comunidades –léase organizaciones sociales de las Farc– estarán empoderadas donde hoy ya son fuertes y lo demuestran con arrogancia, además de las regiones donde se entregarán tierras y se crearán Zonas de Reserva con su directa participación. Eso se llama control territorial efectivo. Con la Reforma Rural convertida en mandato constitucional, lloverán las tutelas y, en su defecto, las movilizaciones para reclamarle a un Gobierno empobrecido el cumplimiento de lo acordado con la Constitución en la mano, comenzando por el Fondo Gratuito de tierras, lo que disparará la extinción de dominio por uso ambiental inadecuado y la expropiación por interés público. La tierra perderá valor y la inversión privada desaparecerá, como en la mejor época de la violencia fariana.
La expropiación, una justicia sesgada y los impuestos a la tierra terminarán ahogando al campo. Entonces sí: ¡Bienvenido el posacuerdo comunitarista!
Nota bene. Aunque parezca extraño, estoy totalmente de acuerdo con Juan Camilo Restrepo. Recomiendo la lectura de su columna “Exigimos y mandamos”.
